Acreditar competencias, construir cualificaciones
Los servicios públicos de empleo han suministrado un dato positivo tras reducirse en mayo el desempleo en 79.700 personas, el mayor descenso desde 1997. También la Seguridad Social nos ha dado una buena noticia al aumentar en 117.900 los afiliados ocupados, el mayor incremento desde que comenzó la crisis. Por otra parte, los datos de la EPA, correspondientes al primer trimestre de 2011, demostraron que casi el 60% de la población activa no posee ningún tipo de formación profesional acreditada o estudios medios o superiores. Hay que destacar, una vez más, que la preparación formativa tiene efectos muy positivos para encontrar un puesto de trabajo, ya que a mayor preparación formativa, menor paro.
En este sentido, el programa Acredita es una iniciativa del Gobierno de España encaminado a evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Determinados organismos internacionales consideran esta medida como una respuesta a los nuevos problemas que tiene la educación en la actual sociedad de la información y el mercado laboral con necesidades cambiantes. Tengamos en cuenta que los conocimientos generales adquiridos a través de las distintas vías de formación resultan rápidamente obsoletos.
El interés actual por la mejora y actualización de las competencias no es un fenómeno de España, ya que desde hace años se utiliza en la UE. Se centra en dos términos clave: competitividad y empleabilidad (capacidad de encontrar y mantener un empleo adecuado). Se trata de que los trabajadores y trabajadoras sin titulación acrediten en un examen lo que han aprendido durante su experiencia laboral. Así, podrán ahorrarse lo que ya saben (experiencia laboral y formación acreditada), y solo tendrán que estudiar y examinarse de lo que no saben o no pueden acreditar.
El objetivo no es otro que reconocer las competencias de quienes llevan años trabajando en estos puestos, ya que en un contexto de nuevas exigencias de la competitividad (calidad, servicio e innovación), las competencias individuales, y su reconocimiento a través de la correspondiente cualificación profesional, resultan ser un elemento esencial. El objetivo es movilizar hacia la formación a la población activa sin cualificación acreditada, pero con una amplia experiencia laboral y en concreto hacia aquella que específicamente le posibilita el acceso al título profesional. En principio beneficiará a 60.000 personas con experiencia o competencias que hasta ahora no tenían un documento oficial que los avalara. Lo que verán acreditado los participantes son unidades de competencia que constituyen una parte de un título de formación profesional o en certificados de profesionalidad que demuestra la capacitación para desarrollar una actividad laboral con significación para el empleo. Para ello, las comunidades autónomas comenzarán este mes de junio el proceso de acreditación de competencias. Al finalizar el procedimiento, la comisión de evaluación pertinente les indicará la formación complementaria que tienen que cursar para poder obtener el título de formación profesional o el certificado de profesionalidad.
En un principio, se priorizará la evaluación de las personas con experiencia en el cuidado de niños y el vinculado con la apuesta en funcionamiento de la Ley de Dependencia por ser considerados sectores estratégicos, así como la hostelería y el turismo y reparación y mantenimiento de vehículos.
Este proceso de acreditación va a contribuir al desarrollo profesional de los candidatos, ya que le permite contar con un documento oficial con el que va a poder demostrar que conoce el puesto de trabajo al que opta. En definitiva, mejorarán las oportunidades laborales de muchos trabajadores y se facilitará su movilidad intersectorial.
Por último, es evidente que en un contexto incierto las competencias profesionales individuales no eliminan los riesgos de pérdida de empleo, pero los conocimientos y habilidades que una certificación aporta proporciona ventajas tanto para las empresas como para los profesionales, al servir como prueba del activo intangible adquirido por el poseedor del certificado. Es cierto que un diploma no garantiza un empleo, pero por el contrario, no poseerlo incrementa el riesgo de exclusión. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, afirmaba recientemente que "cuanto más bajo es el grado de formación, más alto es el índice de paro, por lo que no es verdad que sea igual tener estudios o no".
Vicente Castelló. Profesor de la Universidad Jaume I de castellón