"El abogado de oficio de Madrid no debe ganar menos que un catalán o vasco"
Responsable de formación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ejerce como uno de los padres del nuevo reglamento de acceso a la profesión. Su alegría por el acuerdo no oculta la preocupación por el estado del turno de oficio en Madrid
Se indigna cuando habla de la dilación en el pago de la Comunidad de Madrid a los abogados del turno de oficio de la capital, pero incluso en dicha situación de crispación, sabe cómo contenerse. "No es un tema de declaraciones grandilocuentes", sentencia fríamente. Como máximo responsable del área de formación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha tenido que explicar el reglamento de la Ley de Acceso a una gran cantidad de letrados que recientemente se dieron cita en Barcelona en la Escuela Oficial Judicial.
¿Por qué está tardando tanto en salir el reglamento de la Ley de Acceso?
La regulación del acceso a la profesión se ha cruzado con la reforma de las enseñanzas universitarias. Además, la ley estableció un sistema de acceso con competencias compartidas entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, y yo creo que es un diseño razonable, pero donde ha tenido que realizarse un esfuerzo de integración. La buena disposición de universidades y consejos profesionales alentó el acuerdo y sacó el texto adelante.
¿Cuándo prevé que finalmente sea aprobado por el Consejo de Ministros? ¿Cuándo entrará en vigor?
Creemos que es inminente. La ley entra en vigor en octubre de este año. El problema es que tras el reglamento, deben crearse los convenios entre universidades y colegios profesionales para la implantación del sistema de formación, y esos convenios van a dar lugar a unos planes de estudios que deben ser previamente homologados, lo que significa que podrían estar listos el año que viene. Por lo tanto, la norma afectará a los egresados en junio de 2012, porque a los que acaben ahora no se les puede aplicar la ley al no haber entrado en vigor todavía.
¿Se ha solventado ya el problema de que solo los graduados en Derecho podrán hacer el máster?
Las universidades han acreditado en la Aneca Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación los grados sustitutos de la antigua licenciatura en Derecho y casi ninguno se denomina así, pero no me cabe ninguna duda de que esos graduados podrán cursar el máster de acceso a la abogacía. Sin embargo, pensando en el futuro, tendrá que haber una descripción de las competencias que acoten la formación que dé el acceso al máster.
Usted ha hablado de acercar la formación de jueces y abogados...
A la abogacía nos gustaría que el proceso de formación con los jueces fuera lo más común posible. Quienes tienen que decirlo son los propios jueces y sí me consta la preocupación en el Consejo General Superior del Poder Judicial.
¿Sigue sin haber acuerdo con la Comunidad de Madrid sobre el servicio de turno de oficio?
Sí, pero esperamos que se produzca. El problema se remonta a 2003, cuando la Comunidad de Madrid adquirió competencias en materia de justicia. Desde entonces el turno de oficio ha funcionado extraordinariamente bien, pero con una falta de atención por parte de la comunidad.
A principios de este año, se hizo por parte del Gobierno regional el esfuerzo de no liquidar pero sí atender la mayor parte de la deuda que mantenía desde 2010, para lo cual agotó el presupuesto de 2011, y al mismo tiempo nosotros hicimos un llamamiento muy serio para que esta situación no se volviera a producir porque así es imposible que funcione un servicio público.
¿Sigue sin haber acuerdo con la Comunidad de Madrid sobre el servicio de turno de oficio?
Sí, pero esperamos que se produzca. El problema se remonta a 2003, cuando la Comunidad de Madrid adquirió competencias en materia de justicia. Desde entonces el turno de oficio ha funcionado extraordinariamente bien, pero con una falta de atención por parte de la comunidad. A principios de este año, se hizo por parte del Gobierno regional el esfuerzo de no liquidar pero sí atender la mayor parte de la deuda que mantenía desde 2010, para lo cual agotó el presupuesto de 2011, y al mismo tiempo nosotros hicimos un llamamiento muy serio para que esta situación no se volviera a producir porque así es imposible que funcione un servicio público.
¿Ustedes pidieron también una actualización de baremos?
Es verdad que nosotros hemos insistido en que debe producirse una actualización de los baremos con los que se calculan estas prestaciones económicas de los abogados porque desde el año 2003 no ha habido una revisión. Pocos colectivos hay que hayan sido más pacientes. El Colegio de Abogados ha llevado a los letrados para que participaran de esta interlocución con la comunidad. Ha habido varias reuniones pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta.
¿Qué porcentaje de subida creen que sería el justo?
Pedimos que un abogado de Madrid que presta un servicio de justicia gratuita no tenga una remuneración inferior a la que se tiene en otras comunidades autónomas, como País Vasco o Cataluña, que lo revisaron en 2008. No entendemos que un abogado de Madrid tenga que percibir menos que un vasco o catalán cuando en esta región los asuntos son más complejos y el coste del ejercicio no es inferior.
¿Y ahora no cobran nada?
Para que ellos cobren, el Colegio de Abogados de Madrid ha tenido que firmar unas líneas de confirming con las entidades de crédito con las cuales el abogado que lo desea, y aproximadamente estamos hablando de un 60% del letrado de oficio, puede anticipar el cobro. El riesgo es del colegio. Si al vencimiento, la Comunidad de Madrid no hubiera hecho la provisión de fondos, responde el colegio, pero el letrado es el que soporta el coste.
¿Y no hay problemas con los bancos poco proclives a dar crédito?
Ha habido algún retraso porque hemos tenido que renegociar con las entidades. Teníamos los vencimientos a 70 días y nos parecía que, dado el cariz que está adquiriendo la situación, no era prudente pensar que la Comunidad de Madrid fuera a pagar a corto y lo hemos prolongado. Que el Colegio de Madrid esté financiando a la comunidad, con un alto coste, por la subida de los tipos, es algo intolerable. No es un problema de falta de liquidez, sino de coste.
¿A cuánto asciende la deuda?
La deuda es de 400.000 euros del último trimestre, pero la preocupación es que no sabemos ni cuándo se va a liquidar el pico de 2010 ni cómo se va a atender a todo el devengo de 2011 si ya no hay presupuesto. Estamos esperando que nos digan los mecanismos para atender el servicio.
¿Por qué la comunidad no presupuesta lo necesario para el turno de oficio? ¿Ellos alegan que se han disparado los casos innecesarios?
El coste de 2010 se redujo aproximadamente un 10%, y este año, estamos viendo una evolución semejante. En términos generales, no ha habido un aumento de la demanda a pesar de la crisis. Dan unas cifras que no son.
¿Pero qué ocurre con los delitos de la seguridad vial?
Sí, ha sido muy importante el impacto en el pasado de los delitos de la seguridad vial. Antes no existían, eran cuestiones administrativas y esto incrementa el servicio. También ha habido un incremento muy grande de la inmigración.
¿Cómo ve la justicia en estos momentos? ¿La guerra del Constitucional?
No se debe juzgar la justicia por dos o tres asuntos que tienen atención mediática y política, cuando entran millones de asuntos cada día. Yo creo en la independencia de la justicia en términos generales, luego habrá excepciones que son más fáciles que se produzcan cuando hay un grado de tensión externa, pero creo que hace falta más confianza y más lealtad institucional.
¿Qué le parece la Nueva Oficina Judicial (NOJ)?
El diseño me parece muy bien. Se trata de un proyecto muy ambicioso, que exige en algunos casos hasta cambios físicos. El problema es que está tropezando con dificultades presupuestarias y económicas para su implantación real. Como todo, es un tema de prioridades, pero para mí la justicia debería estar en un rango de prioridades mucho más alto, porque me parece una pieza esencial para la vertebración del Estado y de la sociedad, y en tiempos de crisis, lo es todavía más.
¿Cree que la crisis derivará en un proceso de concentración de las firmas de la abogacía?
Es lógico que en una economía complicada sea natural que los despachos tengan problemas y las soluciones de libro lleguen por los procesos de integración y la apertura internacional.
Las frases "Los colegios deben adaptarse al mercado"
¿Cómo valora la futura Ley de Servicios Profesionales? ¿Considera imprescindible que el letrado tenga que colegiarse obligatoriamente?
No tenemos el anteproyecto. Hemos escuchado líneas generales, pero no tengo ninguna duda de que en la futura ley no se va a cuestionar la colegiación obligatoria de los abogados. Afectará más a otras profesiones, porque la abogacía se ha reformado desde el punto de vista colegial. Los colegios, si son obligatorios, se justifica porque atienden a un servicio esencial. Los colegios de abogados no solo llevamos de forma autocrítica el control deontológico, sino que llevamos a cabo otros servicios, como el de justicia gratuita. Somos los garantes de estos servicios.
¿Sobrevivirán los colegios?
Los colegios profesionales se rigen por una ley preconstitucional, insuficiente en nuestra realidady marco normativo. Pueden presentar un obstáculo excesivo al acceso de determinadas profesiones y eso puede generar un encarecimiento comparativo de los servicios donde hubiera una regulación diferente. Deben adaptarse al mercado.
¿Cuándo termina su mandato? ¿Volverá a presentarse a las elecciones?
En diciembre de 2012. No lo sé. Mi compromiso es que durante ese mandato se acometa la reforma estatuaria, que afectará a la duración de los mandatos.