Más austeridad y mayor eficiencia
Lo primero que deberán tener en cuenta los nuevos responsables autonómicos y municipales salidos de las elecciones del pasado domingo es que a partir de ahora tendrán que acostumbrarse a gestionar sus competencias con mucho menos dinero del que hasta ahora han venido manejando.
Ante todo, tendrán que recortar sustancialmente sus gastos para reducir el abultado déficit (la deuda conjunta de comunidades autónomas y corporaciones locales es superior al 15% del producto interior bruto) que tantos problemas está creando para financiar nuestra deuda pública. Y ello suponiendo que no se hagan realidad los temores sobre la existencia de una deuda oculta adicional derivada de compromisos de pago no contabilizados y facturas perdidas por los cajones.
Pero no es solo cuestión de hacer un serio esfuerzo de consolidación fiscal. Durante los años de bonanza, nuestras Administraciones territoriales han ido construyendo una estructura de gasto basada en la confianza de que el flujo de ingresos sería permanente. O, al menos, esa impresión daba. Y la realidad es que la caída de los ingresos ligados a la construcción tiene carácter estructural. Esto quiere decir que, aunque la construcción se recupere -algún día lo hará-, no parece probable que vuelva a alcanzar ni el volumen absoluto ni el peso relativo que durante los años de auge tuvo en relación al PIB. Buena parte de los ingresos públicos derivados de esa actividad, por tanto, no volverán.
Así pues, nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas tienen que hacerse a la idea de que su nivel de gasto ya no podrá ser el mismo. Tendrán que suprimir entes y organismos creados al calor de los años de bonanza, ajustar sus hinchadas plantillas, reducir sus gastos corrientes y, sobre todo, empezar a pensar que gobernar bien no es sinónimo de gastar mucho, sino de gastar mejor; y con frecuencia, de gastar menos.
Los ciudadanos van a exigir a los gestores públicos más austeridad y mayor eficiencia -suelen ir unidas-, y ello va a requerir replantearse muchas cosas. El Círculo de Empresarios, en un reciente documento (Administraciones territoriales: propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de mercado) sugería acciones en esta dirección.
Las entidades que integran nuestra Administración, y el marco regulatorio que producen, precisan de un serio replanteamiento. La actual distribución de competencias entre los distintos niveles es confusa, variable y, en consecuencia, generadora de ineficiencias. Da como resultado un marco regulatorio con un número excesivo de normas que se solapan, cuando no se contradicen unas con otras, distorsionando la gestión de las empresas, rompiendo la unidad de mercado, y lastrando como consecuencia la competitividad de la economía española. Sería por tanto deseable replantear esa distribución de competencias en base a criterios de eficiencia y subsidiariedad, y crear mecanismos eficaces de coordinación entre Administraciones, como por ejemplo mediante la creación de consorcios y mancomunidades a fin de mejorar y abaratar la prestación de servicios públicos.
Igualmente se debería cuestionar el mantenimiento de determinadas entidades cuyas competencias han quedado diluidas por el avance de las comunidades autónomas y de los grandes municipios. Tal es el caso de las diputaciones e instituciones insulares equivalentes.
Especial atención ha merecido la propuesta de reducir el número de municipios. En España tenemos actualmente 8.114 ayuntamientos, cifra quizá razonable en épocas anteriores en que la población estaba más dispersa que en la actualidad, y en que las exigencias de servicios por parte de los ciudadanos eran menores. Pero desde los años sesenta se han producido en España movimientos de población importantes. Y hoy, de esos 8.114 municipios, más del 60% tienen menos de 1.000 habitantes, y casi la mitad menos de 500; y no llegan al 5% los que pasan de los 20.000 habitantes.
Con esos niveles de población no parece posible prestar los servicios que los ciudadanos demandan con los niveles adecuados de calidad y coste. Una reducción del número de consistorios, y su agrupación en municipios mayores, permitiría reducir costes de administración (menos cargos municipales), obtener economías de escala y contratar con los proveedores en mejores condiciones.
No es ciertamente un proceso fácil. La gran mayoría de los municipios arrastra una larga historia, y existe un importante apego social y una vinculación sentimental entre los consistorios y sus vecinos. Pero los tiempos cambian. Hoy en día los ciudadanos exigen y requieren un nivel de servicios que no es ciertamente barato. Y los exigen a precio razonable, es decir, sin que el peso de los impuestos sea agobiante. Ello obliga a austeridad en el gasto y eficiencia en la gestión. Es la hora de las reformas.
Fernando Eguidazu. Vicepresidente del Círculo de Empresarios