Telefónica argumenta ante la justicia errores de la CE contra la multa histórica
Telefónica ha argumentado ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE) que la Comisión Europea (CE) cometió errores de base cuando decidió imponerle en 2007 una multa histórica de 151,8 millones de euros por abuso de su posición de dominio en el mercado español de la banda ancha.
Durante la vista sobre el recurso presentado por la operadora española, Telefónica y Telefónica España pidieron la anulación de la decisión de la CE y, con carácter subsidiario, la anulación o reducción del importe de la sanción.
En una decisión anunciada el 4 de julio de 2007, la Comisión señaló que Telefónica había impuesto entre septiembre de 2001 y diciembre de 2006 precios no equitativos, estrechando los márgenes entre los precios mayoristas que cobraba a sus competidores y las tarifas minoristas que imponía a sus clientes.
La CE, que había iniciado en 2003 la investigación contra Telefónica al recibir una denuncia de Wanadoo (France Télécom), concluyó que la española debilitaba a sus competidores al obligarles a igualar los precios minoristas e impedir que crecieran en ese mercado sin ahogarse financieramente.
Hoy, la defensa de Telefónica destacó que la conclusión a la que llegó la Comisión era "diametralmente opuesta" a la del regulador español, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), tras cinco años de intervención en el mercado de la banda ancha.
Telefónica argumentó también en Luxemburgo que la CE no aplicó el estándar jurídico para la definición de tres mercados mayoristas y, por ello, incurrió en errores de apreciación y análisis de base.
La empresa ofrece tres tipos de productos mayoristas de banda ancha: el alquiler del bucle, a coste mensual bajo para el operador entrante, pero que exige inversiones en equipamientos; el GigADSL, con un coste más elevado, pero que los alternativos pueden prestar adecuando mínimamente sus puntos de interconexión, y el ADSL IP, la modalidad más cara y la que plantea menos exigencias.
Para Telefónica, no pudo haber estrechamiento de márgenes cuando sus competidores podían elegir el modelo bucle y cuando la CMT había aprobado este catálogo de ofertas para fomentar la competencia y estimular las inversiones.
Pero la Comisión recalcó que Telefónica tuvo libertad para imponer precios hasta la regulación a nivel nacional de 2006 y ponía verdaderos obstáculos para que sus competidores accedieran al bucle.
Recordó que la cuota de Telefónica en el mercado mayorista de acceso regional en el periodo de la infracción era del 100 %.
La CE cree que hay cuestiones jurídicas en el caso de Telefónica que quedarán resueltas al interpretarse dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.
En una de ellas, la corte confirmó en octubre pasado la multa de 12,5 millones de euros impuesta a Deutsche Telekom por cobrar precios excesivos a sus competidores al acceder a su red de telefonía fija.
En la otra, que aludía al consorcio sueco-finés TeliaSonera, indicó que puede constituir un abuso el que una empresa verticalmente integrada y con posición dominante en los insumos para ADSL aplique tarifas que no dejen margen suficiente entre el precio por acceder al mercado y los que se imponen a los clientes finales.
La Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Ausbanc), que se adhirió al procedimiento judicial, aseguró a Efe que los "principales perjudicados" son los consumidores, que "durante cinco años pagaron un 20 % más caro" el acceso a internet de banda ancha que la media de la UE-15, según cálculos de la CE.
Mostró su confianza en que la sentencia refuerce el procedimiento que han abierto en España en favor de los consumidores.
También se presentó a la vista en apoyo de la Comisión la Asociación Europea para la Competitividad de las Telecomunicaciones (ECTA), que indicó que el comportamiento de Telefónica hizo que las cuotas de mercado para operadores alternativos en España distasen mucho de las registradas en otros países europeos.
La corte europea acogerá el 8 de junio otra vista sobre la multa de la CE a Telefónica en la que se examinará un recurso del Gobierno de España, y la sentencia será recurrible ante el Tribunal de Justicia de la UE, máxima instancia judicial comunitaria.