España no puede esperar otro año
Un año después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunciase el mayor ajuste de gasto de la historia de España -un total de 15.000 millones de euros- las expectativas creadas entonces parecen lejos de cumplirse. El plan de ajuste, imprescindible para tratar de calmar la desconfianza de los mercados financieros y alejar el fantasma de un hipotético rescate, incluyó medidas como la rebaja salarial a los funcionarios, la congelación de las pensiones, el recorte de transferencias estatales a las comunidades autónomas, la supresión del cheque bebé y un ajuste en la inversión de más de 6.000 millones. Doce meses después, el balance de esa puesta en marcha, realizada tarde y a regañadientes, arroja dos únicos resultados: una notable reducción del déficit público, capítulo en el que España ha cumplido durante este periodo con las exigencias de Bruselas, pero también un anémico e insuficiente crecimiento del PIB.
No hay razón para sentirse satisfechos. Los recortes y las reformas que han sido culminadas hasta el momento -principalmente en lo que se refiere al ámbito de las pensiones y el mercado laboral- se han revelado alicortas para estimular la devastada economía española y no han servido de escudo al tenaz acoso que sufre en los mercados la prima de riesgo. Ello revela que los inversores continúan sin confiar en la solvencia de España y que no comparten la complacencia del Gobierno sobre la buena marcha de las reformas y ajustes implementados hasta el momento. Una complacencia que resulta difícil de compartir ante la creciente destrucción del empleo -que durante el primer trimestre ha alcanzado los casi cinco millones de parados-, el estancamiento de la reforma de la negociación colectiva -a la que hoy intentará dar Zapatero un impulso-, la lentitud del plan de saneamiento del sector financiero o la persistente indisciplina fiscal de las Administraciones autonómicas.
Precisamente ayer, en una jornada marcada por la inestabilidad política y económica europea, la ministra Elena Salgado volvía a negar la necesidad de acometer mayores reformas, en contraste con las cada vez más numerosas voces técnicas que reclaman lo contrario. Pese al terco inmovilismo del Ejecutivo, en la lista de deberes que restan por acometer a España figura un puñado de prioridades que no pueden esperar: la culminación del saneamiento del sistema financiero, la reforma real de la negociación colectiva y la firme exigencia a las comunidades autónomas para que cumplan con sus obligaciones en materia de déficit público. Si este Gobierno no quiere o no puede llevar a cabo esas medidas, debe dejar paso a quien esté en condiciones de hacerlo. Lo que está claro es que ni España ni su economía están en situación esperar otro año.
