Elecciones 2011. Locales y autonómicas

La reducción del desempleo, el gran guiño electoral

Regiones y municipios gestionan el apoyo a cinco millones de parados

El desempleo azota al territorio español de forma desigual. Al margen de la carga de parados que deba soportar cada comunidad autónoma, sobre ellas recae el desarrollo de las políticas activas de empleo y el plan de choque para generar trabajo diseñados en Moncloa. Mientras, los partidos se responsabilizan el uno al otro de la situación.

La palabra más pronunciada por todos y cada uno de los candidatos a las elecciones del 22-M es evidente: paro. El desempleo es la preocupación número uno para el 82,8% de los ciudadanos, según el barómetro del CIS de abril. No en vano, en el país hay 4,92 millones de parados, distribuidos además de manera irregular a lo largo y ancho del territorio, según la EPA

La situación es particularmente acuciante en Andalucía y Canarias. La tasa de paro en dichas comunidades autónomas es de récord (29,68% y 28,52%, respectivamente). En la primera de ellas se cuentan ya 1.187.600 desempleados, prácticamente una cuarta parte del total.

La tasa de paro roza el 30% en Andalucía y Canarias

La otra cara de la moneda se encuentra en el País Vasco y Navarra, comunidades en las que el desempleo se acerca más a los estándares europeos que a la media nacional. Con una tasa de paro del 11,61% y 13,40%, respectivamente, entre las dos regiones contabilizan menos parados que las Islas Baleares, donde hay la mitad de población en edad de trabajar.

El Manifiesto Autonómico del PSOE (programa marco) reivindica el Estado de las autonomías como un "instrumento de impulso a la recuperación económica y la creación de empleo". El documento aboga por establecer un "acuerdo" entre Estado y autonomías "para transformar en profundidad los programas actuales de formación de las personas en situación de desempleo, adecuándolos a las nuevas necesidades del mercado de trabajo". Plantea también la necesidad de coordinar un plan de acción que garantice políticas específicas de empleo para los menores de 25 años que ni estudian ni trabajan.

El programa marco del PP, por su parte, basa sus propuestas en un contexto de austeridad presupuestaria para todas las Administraciones, que incluirá un techo de gasto. Se apuesta también por "simplificar la normativa autonómica" que favorezca al empleo. Las medidas en materia de ocupación de los populares van destinadas a fomentar las iniciativas emprendedoras. Asimismo, se aboga por la "reducción de la tipología de contratos laborales" y por una mayor presencia de servicios privados de intermediación entre parados y desempleados.

Trabajo público

IU se aparta de las líneas de austeridad marcadas por los partidos mayoritarios y considera necesario crear empleo público, entre ellos 30.000 profesores de educación infantil. Es partidario también de transformar todas las becas en contratos con alta en la Seguridad Social y de regular los salarios máximos. En este sentido, tanto PP como PSOE abogan por contener la contratación pública. Los populares, de hecho, incluso pretenden revisar la utilidad de las 2.000 entidades públicas para evitar duplicidades.

Al margen de las propuestas de los partidos, los vencedores de cada circunscripción deberán lidiar con las nuevas competencias transferidas por la reforma de las políticas activas de empleo. Así, deberán gestionar los acuerdos individualizados con los propios desempleados (APE), la base del nuevo modelo, que también fomenta la colaboración de los sistemas público y privado en busca de una mayor flexibilidad.

Las nuevas políticas activas de empleo

Bonificación de contratos. Se exime de cuotas a la Seguridad Social durante un año (prorrogable en caso de que los agentes sociales estén de acuerdo) a las empresas que contraten a tiempo parcial a jóvenes y parados de larga duración mayores de 45 años. Las empresas de menos de 250 empleados se ahorrarán el 100% de las cotizaciones, mientras que el resto verán reducido el gasto en un 75%.

Ayuda de formación. Los parados de menos de 30 años y los de larga duración que hayan agotado su prestación de desempleo pueden recibir una ayuda de 400 euros en caso de no tener otros ingresos. La ayuda, que sustituye al Prodi (426 euros), está sujeta a desarrollar actividades de formación para mejorar la empleabilidad del parado. El presupuesto es de 400 millones.

Acuerdo Personal de Empleo (APE). La reforma reordena las políticas activas de empleo centrándose en un itinerario individual y personalizado. Las agencias gubernamentales confeccionarán unos Acuerdos Personales de Empleo (APE), por los que el beneficiario se comprometerá a participar en actividades formativas y en la búsqueda de empleo. Las regiones desarrollarán y coordinarán dichas actividades.

Catálogo de servicios. Se confeccionará un catálogo común para todos los servicios públicos de empleo en el que predomine un enfoque integral, matizando derechos y deberes de desocupados, empleados y empresas. Las comunidades autónomas podrán completar dicho catálogo con los servicios específicos que pongan en marcha. El documento especificará las responsabilidades de cada Administración.

Estrategia Española de Empleo. El Gobierno coordinará con el resto de Administraciones una estrategia que defina las actuaciones a adoptar con carácter plurianual para responder a las necesidades estructurales del mercado de trabajo. Se determinarán también los colectivos de actuación preferente y objetivos cuantitativos, y se fomentarán las sinergias entre los sistemas público y privado.

Las cifras

3.100 millones de euros son los fondos repartidos por el Gobierno a las autonomías para que asesoren a los parados.

2013 es la fecha en la que todos los parados deberán tener su itinerario personal.