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Elecciones 2011. Locales y autonómicas

Las rebajas de impuestos se caen de las promesas de los candidatos

La situación financiera por la que atraviesan las finanzas territoriales impide realizar grandes promesas electorales en materia tributaria. Gane quien gane en las elecciones autonómicas que se celebran el próximo 22 de mayo, los nuevos Ejecutivos que se formen no aprobarán a corto plazo rebajas de impuestos reseñables.

Nunca antes las comunidades autónomas habían contado con tanta capacidad normativa en materia tributaria, sin embargo, hasta ahora, ésta se ha utilizado, sobre todo, para subir impuestos y no para reducirlos. De hecho, para este año, los Gobiernos autonómicos han instaurado 50 nuevas tasas, la mayoría de ellas vinculadas a la llamada fiscalidad verde. Es decir, tributos que se justifican con la protección del medio ambiente.

Los Ejecutivos autonómicos pueden aprobar rebajas tributarias, sobre todo en el IRPF, donde el nuevo sistema de financiación autonómica les permite modificar los tipos, el número de tramos en el IRPF, establecer nuevas deducciones o elevar los mínimos personales y familiares. Ningún partido político de ninguna de las comunidades que celebran elecciones ha propuesto rebajar el impuesto sobre la renta. De hecho, en ocho territorios -Cataluña, Andalucía, Extremadura, Asturias y Cantabria- se incrementó en 2010 la fiscalidad sobre las rentas altas .

Y, si ello no fuera bastante, estos mismos territorios también aumentaron el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, un tributo que grava la compraventa de viviendas de segunda mano. Algunas comunidades, como la de Madrid, han optado por seguir el camino contrario. Sin embargo, las rebajas de impuestos aprobadas en el último año son muy limitadas y se ciñen a deducciones menores en el IRPF.

Con todo, las diferencias de tributación entre territorios cada es mayor, una tendencia que se agudizará en los próximos años en la medida que los Gobiernos autonómicos empiecen a utilizar su capacidad normativa con más intensidad. Actualmente ya existen importantes diferencias sobre todo en el IRPF para las rentas altas. Por ejemplo, desde el pasado primero de enero, los altos directivos en Cataluña se ven penalizados frente a sus homólogos de otros territorios. Así, un directivo del Ibex con una base imponible de 650.000 euros -el sueldo bruto medio ronda los 699.000 euros- pagara en Cataluña 20.800 euros más que otro alto ejecutivo que resida en Madrid.

Sucesiones, la otra cara

El impuesto sobre sucesiones y donaciones, sobre el que las comunidades tienen amplia capacidad normativa, es el único tributo que ha sufrido una rebaja generalizada en la mayoría de territorios, con la excepción de Extremadura. Sin embargo, los contribuyentes deben saber que no existe ningún otro tributo que pueda correr una suerte similar al de Sucesiones. Resulta impensable que se produzca una reducción de tal calibre en el impuesto sobre transmisiones o en actos jurídicos. Es más, lo más probable es que las necesidades financieras de las comunidades lleve a los Gobiernos a subir impuestos. Aunque esto, en plena campaña electoral, no se diga.

Con todo, el PP aboga por impulsar el "fraccionamiento y el aplazamiento del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales". El PSOE, por su parte, defiende rebajar el IBI -el principal tributo local- en aquellos edificios de más de 50 años que emprendan obras de rehabilitación. Izquierda Unida sigue el camino contrario y propone elevar el IRPF y recuperar el impuesto sobre el patrimonio.

El 'gran hermano' que vigila a los territorios

Es cierto que las comunidades autónomas cuentan con una importante capacidad normativa, sin embargo, la Administración central fija un corsé presupuestario sobre los territorios que les limita su posibilidad de llevar a cabo bajadas de impuestos destacables. Por otra parte, la mitad de territorios -Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha- ha incumplido el objetivo de estabilidad en 2010, lo que implica que deberán realizar un esfuerzo extra este año para rebajar al 1,3% del PIB sus números rojos.Ante esta situación, lo último que se plantea un consejero económico es tomar medidas que impliquen una caída de los ingresos públicos. Por otra parte, la autonomía financiera, con la crisis, mengua por momentos. El programa de estabilidad 2011-2014 que el Gobierno remitió recientemente a Bruselas indica que "los ingresos que superen lo previsto se destinarán a reducir el endeudamiento neto y no a financiar aumentos de gastos discrecionales". Es decir, la hoja de ruta ya está marca y la capacidad de maniobra se encuentra limitada. La libertad para elevar el gasto discrecional solo será posible si "se adoptan cambios normativos que supongan un aumento permanente de los ingresos".Todas estas exigencias ilustran la importancia que tiene para el Gobierno central cumplir con el objetivo de déficit, un requisito imprescindible para evitar que los mercados internacionales se ceben con España como lo hicieron con Grecia, Irlanda o Portugal. Reducir los números rojos supone una condición necesaria para ahuyentar el fantasma de un posible rescate financiero por parte de la Unión Europea y el FMI.

Las cifras

50 nuevas tasas autonómicas entran en vigor este año.10% es el gravamen de transmisiones que pagarán quienes compren un casa por más de 600.000 euros en Extremadura.49% es el tipo máximo del IRPF en Cataluña, el mayor de toda España.

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