Judicializar el problema de la caja gallega
La Xunta de Galicia anunció ayer su decisión de impugnar ante el Tribunal Constitucional el decreto que endurece los requisitos de capital para las entidades financieras españolas. Por boca de la consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, el Gobierno gallego explicó los argumentos en que basa su decisión: la "bancarización" de las cajas de ahorros, resultado del decreto, y la presunta vulneración de las competencias autonómicas. Para el Ejecutivo gallego, la norma discrimina a las entidades en función de su naturaleza de bancos o cajas, genera inseguridad jurídica y atenta contra la libertad de empresa. La responsable de la Hacienda gallega calificó gráficamente de "bandazo normativo" el texto y se quejó de que la elevación de las exigencias de core capital para el sistema financiero español ha perjudicado a la caja gallega.
Más allá de los fundamentos técnico-jurídicos en que el servicio jurídico de la Xunta de Galicia finalmente base el recurso, que deberán ser analizados en su momento, la decisión hecha pública ayer se produce, curiosamente, en un momento en el que el éxito en la búsqueda de capital privado por parte de la entidad gallega se presenta muy complejo. Novacaixagalicia parece haber asumido ya como destino ineludible la necesidad de pedir más ayuda pública para lograr los 2.622 millones de euros que necesita para cumplir con las exigencias de capital principal. Prueba de ello es que el nuevo plan de negocio de la caja, presentado la semana pasada ante su consejo de administración, rebaja a 500 millones de euros su objetivo de captación de capital privado, en contraste con los 650 a 1.000 millones previstos inicialmente. Una modificación a la baja que llega ante las dificultades que la entidad está encontrando para vender sus activos, entre ellos un paquete de 300 sucursales.
En este escenario extraordinariamente sombrío, la iniciativa de la Xunta de Galicia difícilmente puede interpretarse como una ayuda a la ya de por sí precaria situación actual de la caja gallega. Las dificultades para captar capital privado de inversores institucionales o empresarios de la región no desaparecerán con una judicialización del problema, que puede suponer, por contra, una suerte de golpe de gracia para la entidad. La decisión del Ejecutivo regional se hace pública, además, en un momento en el que las tentaciones de actuar en clave electoralista son mayores que nunca para los Gobiernos autonómicos. La Xunta de Galicia batalló desde el principio, contra el criterio del Banco de España, por impulsar la unión entre Caixa Galicia y Caixanova en un intento por preservar las señas regionales de la futura entidad. El recurso ante el Constitucional anunciado ayer no parece sino un eslabón más dentro de esa estrategia.
