TRIBUNA

Insoportable impunidad

El pistoletazo de salida de la Gran Recesión, en septiembre de 2008, es la quiebra de Lehmann Brothers. Se cifra en 613.000 millones de dólares (425.000 millones de euros), cuando los Presupuestos Generales del Estado español para 2011 no llegan a los 210.000 millones de euros. En los días anteriores, las agencias de calificación seguían piropeando a este gigante de humo e hipotecas basura.

Pese a que las agencias de calificación han quedado descalificadas, siguen, erre que erre, erigidas en líderes de los mercados, cuyos representantes en la tierra son los bancos centrales, con la Fed y el BCE a la cabeza. Pese a sus errores -no siempre inocentes- y a su doctrina neoliberal, siguen apostrofando a tirios y troyanos para que se siga desmantelando el Estado de bienestar, sin para ello reparar en gastos, que corren a cargo de los receptores de maltrecho Estado de bienestar, cuyos beneficios reciben no por caridad, sino porque tienen derecho a percibir los réditos de la capitalización de los últimos 70 años.

Un entramado exclusivamente financiero, ajeno a la productividad que ahora se ha convertido en el nuevo mantra, vacío, pero eficaz como los anteriores de la liberalización, puede llevarnos al desastre. Urge, pues, extraer lecciones de este monumental fraude. La primera, y por el momento la más importante, es exigir responsabilidades al contubernio de ineptos, corruptos y, simple y llanamente, delincuentes.

Se dirá que es difícil, a la vista de los magros precedentes de efectividad de exigencia de responsabilidad a gestores de la misma ralea; salvo alguna anécdota aislada (Enron, Wordlcom, Arthur Andersen...), es cierto. Sin embargo, hace solo 10 años nadie hubiera dicho que los matarifes con forma de jefe de Estado, primer ministro u otros entorchados serían juzgados y condenados. La soberanía excluyente del poder se alzaba como valladar inexpugnable a la acción de la justicia, nacional e internacional. El giro, doctrinal y práctico, ha sido especular: estamos en las antípodas de la irresponsabilidad política.

Para importar al terreno de la economía política -sabio término, hoy desacreditado- la consecuencia de la responsabilidad tenemos una palanca, pese a que se ha mostrado inútil, pues era una cínica maniobra de distracción: la introducción de la ética en el mundo de los negocios. Pocas son las compañías, incluidas las de rating, que carezcan de código ético y estatutos internos similares. El culmen lo encarnó en 1992 el Código Cadbury, diseñado para frenar los abusos, cuyos resultados a la vista están.

Sin embargo, la (mala) conciencia, que animó a los gigantes que nos han intoxicado a dotarse de códigos inservibles y destinados a la nada, no empece a que se detectara el problema del abuso corporativo en todas sus ramas, desde el mobbing hasta la especulación corrupta. Por lo tanto, si el problema era conocido, lo que había que hacer era actuar en consecuencia; no fue actuar en consecuencia, si la consecuencia era apartar a los indeseables del mercado, limitarse a mostrar falsa sorpresa ante hechos consumados como si fueran catástrofes naturales. Pese a todo, el problema quedó identificado, por lo que nadie puede llamarse a engaño.

Es más, las normativas nacionales, regionales e internacionales, en la legislación societaria, en la del mercado de valores y en los códigos mercantiles y penales abundan las previsiones y sanciones acertadamente proporcionadas ante tales desmanes. La cuestión es por qué no se ha actuado y no se actúa en la actualidad.

Alemania, residualmente weberiana, pareció hacerlo, pero los procesos duermen, en el mejor de los casos, el sueño de los justos. En el resto del mundo, los ejecutivos culpables de lesa economía no solo no han sido apartados de sus puestos, sino que se reparten pingües bonus, muchos de ellos provenientes del dinero público -el que no se destina al Estado del bienestar-. A este fenómeno de insoportable impunidad España no es ajena, como lo demuestra la deriva a bolsillos privados, con la cobertura de incentivos y retribuciones por objetivos, de opacos dineros públicos -sus destinatarios se han encargado que no salgan a la luz-.

El panorama no es desde luego idílico, entre otras cosas, porque no lo puede ser. Pero tenemos las bases y los medios para echar del mercado a los tramposos, ineptos y delincuentes que lo han convertido en su casino con el dinero de todos. Para cambiar las reglas de la economía hay que enseñar a sus actores que actuar comporta no solo riesgos, sino también responsabilidades. Sin cambiar una sola letra de nuestras leyes es posible llevar a cabo esta tarea. Hace falta decisión moral y audacia política: el Derecho está ahí esperando que alguien lo use en beneficio de los ciudadanos. ¿Hasta cuándo habrá que esperar? Los islandeses han fundido el hielo de la resignación: sigámoslos.

Joan Josep Queralt. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de barcelona