Trabajo aplaza también el plan contra el empleo irregular ante el rechazo sindical
El plan para el afloramiento del empleo sumergido deberá esperar, como mínimo, hasta el Consejo de Ministros de la semana que viene. Las conversaciones mantenidas entre Trabajo y los agentes sociales han acabado con el rechazo frontal de los sindicatos al borrador, por considerar que perjudica a los trabajadores y beneficia a las empresas. Según fuentes presenciales, la patronal tampoco ha dado el visto bueno al documento.
El Ejecutivo no da con la fórmula para hacer que se cumplan los calendarios que se autoimpone. El contador de la reforma de la negociación colectiva lleva un mes de retraso, y pese a que las reuniones se suceden (la última fue ayer mismo), el acuerdo está aún lejos. El plan de afloramiento del empleo sumergido, que el Gobierno pretendía llevar al Consejo de Ministros de hoy, deberá esperar al menos una semana más. Eso sí, Moncloa se sigue ciñendo a la que ha sido una constante durante el año en curso: consensuar con los agentes sociales todas las medidas que vayan a afectar al mercado laboral.
A los agentes sociales no les gusta el borrador de decreto-ley de medidas para el afloramiento y el control del empleo sumergido preparado por el Gobierno. Les fue entregado el pasado viernes, y el lunes tuvieron la ocasión de comunicarle a Trabajo su rechazo tal y como está redactado. El Ministerio se comprometió a enviar a las partes un segundo borrador esta misma semana, de manera que pueda haber una reunión a partir del próximo lunes.
Hay que matizar que la reacción de sindicatos y patronal ha sido diferente: si los primeros no esconden su descontento, los segundos declinan hacer comentarios al respecto. A pesar de ello, fuentes presentes en la reunión del lunes aseguran que el borrador tampoco es del agrado de CEOE. Más concretamente, la patronal no acepta que el endurecimiento de las sanciones que se infrinjan a las empresas con situación irregular sean de carácter indefinido, en vez de temporal.
Las quejas de los sindicatos van por otro lado. La secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, Paloma López, resumió bien la posición compartida por las centrales sindicales: "el plan beneficia a las empresas fraudulentas y perjudica a los derechos de los trabajadores".
El documento propone que los trabajadores irregulares que vean legalizada su situación puedan computar un máximo de un año de prestación. Una cifra muy por debajo de los cuatro años establecidos hasta ahora, apuntan desde CC OO. Tampoco agrada que los empresarios que regularicen a sus empleados durante el periodo de gracia puedan hacerlo vía contratos temporales de seis meses, lo que fomentará una contratación más inestable. Mientras, a los empresarios se les facilita que no tengan que aportar garantías para postergar los pagos a la Seguridad Social.
El plan, opinan, debería entrar en vigor "inmediatamente", en vez de hacer "la vista gorda" entre su publicación en el BOE y su entrada en vigor el 30 de junio. En cualquier caso, los sindicatos consideran "irreal" y "poco efectivo" el decreto-ley, ya que según recuerda López en España solo hay un inspector de Trabajo por cada 19.800 afiliados a la Seguridad Social.
