España SA necesita una cuenta de resultados
Se imaginan una empresa como Walmart Stores, con ingresos superiores a 400.000 millones de dólares y más de un millón de empleados, sin disponer de una cuenta de resultados? Resulta difícil creerlo. Pues bien, España SA tiene un PIB superior al billón de dólares -donde cerca del 47% corresponde al gasto público- y más de 3 millones de trabajadores pertenecientes al sector, por lo que un mecanismo de rendición de cuentas articulado y eficiente resulta indispensable para lograr una gestión transparente y eficaz de los recursos públicos.
Este escenario es desafiante, un contexto de crisis que aporta amenazas, pero también presenta oportunidades para la Administración pública: ¿cómo se puede estar seguro de que se invierte el escaso presupuesto público de forma eficiente ante una mayor exigencia por parte de los ciudadanos? Las políticas públicas son diseñadas con un objetivo claro: mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, en buena parte de los casos asumimos que la puesta en marcha de un programa repercute de manera positiva en la sociedad. La ausencia de mecanismos que nos permitan conocer los efectos reales de esas intervenciones son el principal obstáculo para saber cuánto y de qué manera hemos podido influir en las condiciones de vida de la población y, así, modificar aquellas medidas que no han tenido los resultados pretendidos o replicar aquellas en las que hemos tenido éxito.
En el contexto actual, donde los recursos son cada vez más escasos y las exigencias sociales aumentan, la evaluación es un instrumento necesario para comprobar la rentabilidad y la eficiencia, pero sobre todo la eficacia de nuestras intervenciones. Pese a parecer un ejercicio relativamente novedoso, su origen puede localizarse en Estados Unidos en la década de los años sesenta.
Allí, la preocupación por conocer los resultados de grandes cantidades de dinero invertidas en programas sociales con el objetivo de combatir la pobreza, con resultados relativamente precarios, justificó su implementación.
Las evaluaciones son herramientas útiles para tomar mejores decisiones de gestión pública. En general, podríamos afirmar que la puesta en marcha de una evaluación contempla dos finalidades puntuales: política y socioeconómica. La finalidad política va relacionada con la rendición de cuentas a la ciudadanía y la transparencia en las actuaciones públicas en el marco de un fortalecimiento del proceso democrático.
Por su parte, la finalidad socioeconómica tiene que ver con la eficiencia, la racionalización de los recursos y la optimización de la toma de decisiones de acuerdo a las verdaderas necesidades de la sociedad. En otras palabras, al evaluar un programa o proyecto, lo que queremos saber es si este ha cumplido realmente con su objetivo, si se ha hecho el mejor uso de los recursos, pero sobre todo, si el programa implementado respondió realmente a las necesidades de la población beneficiaria.
Divulgar los resultados de los proyectos es un ejercicio de transparencia y respeto hacia los contribuyentes. De igual forma, comunicar los logros de buenos programas con base en datos sólidos y fiables genera una mayor confianza por parte de la población y, por consiguiente, fortalece el gobierno.
Existen diferentes tipos de evaluación que pueden llevarse a cabo en prácticamente todas las fases de un programa. Sin embargo, en la actualidad existe una tendencia a desarrollar evaluaciones de impacto, en cuanto permiten medir los efectos de una intervención, y conocer de primera mano si hemos o no logrado nuestro objetivo.
En esencia, una evaluación de impacto consiste en comparar el grupo beneficiario con otro de características similares -que no estuvo vinculado al programa-, para saber qué efectos reales, atribuibles a nuestras acciones, hubo en quienes formaron parte del programa, es decir, ¿cuál es el efecto de un programa sobre sus beneficiarios?
La agenda electoral de los dos principales partidos en España recoge medidas en cuanto a austeridad y control del gasto público. Sería muy conveniente que la evaluación de las políticas públicas ocupara un lugar destacado. La crisis lo exige y los ciudadanos lo estamos demandando.
Antonio Núñez Martín. Director de Programas de gestión Pública del IESE y presidente de la Asociación de Alumni de la Harvard Kennedy School of Government en España