Gómez dice que la reforma de las prejubilaciones puede afectar a Telefónica
El Gobierno ha confirmado que encarecerá las prejubilaciones y obligará a las grandes empresas con beneficios a que asuman los gastos del proceso. El minstro de Trabajo ha afirmado que la medida podría afectar a Telefónica, que la semana pasada anunció la presentación un ERE.
"Esta reflexión no surge como consecuencia del ERE de Telefónica, sino como una decisión y determinación que tenía el Gobierno encima de la mesa dentro de un proceso de reformas que son importantes para nuestro país", ha indicado el ministro de Fomento José Blanco en referencia a la noticia publicada por el diario El País.
El Gobierno ha confirmado que planea endurecer el sistema de prejubiliaciones para que las grandes empresas con beneficios costeen el importe que hasta ahora correspondía a los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM. Blanco ha desligado la medida del anuncio de Telefónica de recortar un 20% su plantilla en España, pero desde el ministerio de Trabajo han lanzado una advertencia a la mayor compañía española. Pese a no estar cerrados a aun los detalles de la nueva regulación, el ministro Valeriano Gómez ha confirmado que Telefónica reúne las características que el Ejecutivo está perfilando para determinar qué tipo de empresas se verían obligadas a asumir el coste de las prejubilaciones.
Telefónica anunció la pasada semana su intención de llevar a cabo una recorte del 20% de la plantilla de su filial en España. Los ingresos de Telefonica España bajaron un 4,4% en 2010, pero la empresa anunció que planea incentivos de 450 millones para sus ejecutivos y el reparto de 6.900 millones en dividendos.
Desde el ministerio de Trabajo se ha redactado un borrador que planea incorporar la medida como enmienda en la tramitación de la Ley General de Seguridad Social o en el Decreto Ley de Políticas Activas de Empleo, según la información de El País. Ambas normas se encuentran pendientes de su aprobación en el Congreso, con un plazo de presentación de enmiendas que se agota en las próximas semanas. Gómez ha pronosticado que hay instrumentos para que el cambio legal "no tarde demasiado" en entrar en vigor.
El borrador aún no contiene aspectos determinates como como a partir de qué número de trabajadores se impondrá la norma o cuál será el volumen de ganancias que servirá como referencia, pero el ministro de Trabajo ha adelantado los criterios básicos: una empresa de "suficiente tamaño", que tenga "un volumen de beneficio suficientemente amplio" y lleve a cabo despidos con consumo de prestaciones por desempleo, "debe contribuir a que el gasto (para las arcas públicas) disminuya pagándolo ella misma", a lo que añadió que "Telefónica sí entraría dentro de esas condiciones".
El el ministro de Fomento ha señalado que por la vía de las prejubilaciones no se pueden tomar decisiones que "cuestan demasiado" a todos los españoles. El sistema actual de prejubilaciones, salvo pacto en contrario, supone de facto un abaratamiento del coste del despido para las empresas. A la hora de calcular la indemnización se cuenta con el dinero que el prejubilado percibirá del servicios públicos de empleo -al menos dos años de prestación-.