La Seguridad Social hace caja con las prejubilaciones de la banca
Las prejubilaciones se han convertido en uno de los mecanismos más utilizados para reducir la plantilla en las grandes empresas. Ello beneficia a la Seguridad Social, escasa de liquidez, ya que las empresas en determinadas condiciones abonan en un solo pago las cuotas sociales del empleado hasta la fecha de su jubilación.
Un ERE, más allá de los dramas personales que conlleva, siempre supone una mala noticia para las finanzas públicas, ya que implica perder cotizantes. Sin embargo, como explica Miguel Ángel Menéndez, director de previsión social de Mercer, cuando se produce una prejubilación en el marco de un ERE, las empresas suelen pagar de una vez las cuotas sociales de los llamados empleados no mutualistas -aquellos que tienen más de 55 años y que no han cotizado antes de enero de 1967-.
Por ejemplo, un trabajador de 55 años prejubilado cobra hasta los 57 años la prestación por desempleo y la empresa ingresa de una vez las cuotas sociales correspondientes a cuatro años -de los 57 a los 61 años, edad mínima para acogerse a la jubilación anticipada-. Ello supone una importante aportación de liquidez en un momento en que el gasto en pensiones no cesa de aumentar y presiona las cuentas públicas.
Al borde de la quiebra
El sistema de la Seguridad Social logró cerrar 2010 con un ligero superávit, a pesar de la caída de cotizantes y el incremento del gasto en pensiones. Si no registró números rojos fue gracias a los ingresos derivados de los intereses del Fondo de Reserva. En este contexto, la posibilidad de ingresar de una vez las prejubilaciones enmarcadas en un ERE implica una ayuda nada desdeñable. El sector financiero ha anunciado 13.855 salidas en los últimos meses y el 80% de estas son prejubilaciones, informa Juande Portillo. De hecho, fuentes del mercado indican que las aportaciones de liquidez que suponen las prejubilaciones actúan como incentivo para que Trabajo acepte los ERE de la banca.
La mayor parte de las salidas por prejubilación gestionadas por la banca responden al llamado empleado no mutualista. En el resto de casos (cuando el trabajador tiene entre 52 y 55 años), la situación es distinta. El prejubilado firma un convenio especial con la Seguridad Social y recibe de manos de su empresa el importe equivalente a las cotizaciones correspondientes hasta los 61 o 65 años. Y es el empleado quien, mes a mes, paga sus cotizaciones para asegurarse una jubilación ventajosa.
Por regla general, la edad mínima de prejubilación se sitúa en los 52 años, un umbral que el Gobierno aseguró que modificaría y que, sin embargo, se ha mantenido igual. De hecho, incluso se han aprobado prejubilaciones de empleados con menos de 50 años. El Ejecutivo se ha mostrado repetidas veces en contra del uso masivo de la prejubilación porque supone un deterioro de las arcas públicas.
El empleado prejubilado (que normalmente recibe entre el 80% y el 90% de su sueldo hasta los 65 años) suele cobrar también la prestación por desempleo durante dos años como máximo. Durante este periodo, además, es el Estado el que asume el pago de las cuotas sociales de los parados.
España, un caso único en la Unión Europea
La utilización de las prejubilaciones en España no tiene parangón frente al resto de países de la UE. Así lo asegura Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados, quien recuerda que en otros países se utilizan otros mecanismos en los procesos de reestructuración, como la reducción de jornada.En cualquier caso, la reforma del sistema público de pensiones aprobada en septiembre por el Gobierno encarecerá los procesos de prejubilación. Cuando una empresa prejubila a uno de sus empleados suele comprometerse al pago de las cotizaciones hasta que el trabajador cumpla los 65 años, la edad legal de retiro. En la medida que el umbral aumentará hasta los 67 años, ello supone un incremento de los costes.De hecho, los procesos de prejubilación ya antes de la reforma eran costosos para las empresas y por ello era un mecanismo utilizado sobre todo por grandes compañías, que cuentan con recursos. "Las empresas van a estar menos dispuestas a abordar procesos de prejubilación a edades bajas como se ha hecho en el sector financiero, ya que serán más caras", vaticina Godino, cuyo despacho de abogados ya está comprobando los primeros efectos de la reforma de las pensiones.Por otro lado, la delicada situación financiera de la mayoría de compañías que optan por reestructuraciones de plantilla dificulta llevar a cabo un proceso masivo de prejubilaciones.En cualquier caso, los expertos de Sagardoy aplauden la reforma de las pensiones, que consideran indispensable para asegurar la viabilidad del sistema. Además de elevar la edad legal de jubilación, será necesario haber cotizado 37 años para cobrar el 100% de la pensión. Y se amplía el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de los 15 a los 25 últimos años trabajados.
Aviso a las empresas
Las empresas deben tener en cuenta que si uno de sus empleados prejubilados vuelve a trabajar, la Seguridad Social no devolverá las cuotas sociales abonadas por la compañía sin previa petición. Ello supone un esfuerzo de control adicional para las compañías.