El Banco de España pone orden
El Banco de España ha decidido intervenir en la creciente guerra del pasivo entre bancos y cajas. Las remuneraciones disparadas que están ofreciendo algunas entidades -con depósitos que prometen más del 4% anual- han vuelto a recalentar la pugna por el ahorro en un entorno marcado por la acuciante necesidad de liquidez. Con el objetivo de frenar en seco la acelerada escalada de ofertas, que incide fuertemente en los márgenes y en la capacidad de prestar dinero de las entidades, el organismo supervisor ha propuesto que se penalice a aquellas que ofrezcan productos con rentabilidades fuera de mercado. De salir adelante la medida, que deberá articularse a través de la reforma del real decreto de recursos propios sobre entidades financieras, aquellos bancos y cajas que excedan los límites impuestos deberán, como medida de seguridad, aumentar su aportación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
No es la primera vez que se escuchan voces de alerta sobre el daño que la guerra de depósitos puede provocar en estos momentos al maltrecho sistema financiero español y al mercado de concesión de crédito. Lo que en un sistema financiero saneado constituye una simple herramienta de captación de liquidez -depósitos y cuentas de alta remuneración-, en la coyuntura actual puede ser el origen de efectos fuertemente perniciosos. La capacidad de las entidades más solventes para captar el ahorro con productos más agresivos tiene como primer efecto empeorar la ya precaria situación de los bancos y cajas con mayores problemas, ya sea por restarles cuota de mercado o por arrastrarlos a una escalada de ofertas fuera de sus posibilidades. Ello resulta especialmente sangrante -e inaceptable- en el caso de las entidades obligadas a recurrir a las ayudas del FROB.
Los daños colaterales que pretende atajar el organismo supervisor con esta medida van más allá del hundimiento de márgenes de las entidades y de la solvencia del sistema financiero. Una guerra de depósitos en estos momentos lleva implícito el riesgo de agravar y alimentar la sequía del mercado de crédito, al disminuir la capacidad de las entidades de prestar dinero y elevar el coste de la escasa financiación disponible para particulares y empresas. Una sequía que resulta especialmente dañina en esta coyuntura y dificulta extraordinariamente la recuperación del crecimiento económico en España y, al final, del empleo. La penalización de la guerra del pasivo dejará de tener sentido -y de ser necesaria- cuando el mercado interbancario vuelva a poner su confianza en el sistema financiero español. Mientras tanto, la propuesta del Banco de España supone también un paso más en la recuperación de la imagen de seriedad y solvencia del sistema y en la eficacia de su organismo supervisor.
