La industria cultural pide tramitar de urgencia el reglamento de la 'ley Sinde'
La industria cultural reclamó ayer al Gobierno que tramite de urgencia el reglamento de la ley Sinde para evitar que su aplicación se demore hasta noviembre, "lo que hundiría más al sector". Este martes, el Ejecutivo envió a las partes implicadas el borrador del reglamento, que contempla archivar denuncias contra web de descargas que retiren los contenidos piratas en 48 horas.
Si el Gobierno español no lo remedia, las primeras resoluciones judiciales sobre el bloqueo de páginas que facilitan descargas de contenidos ilegales no llegarán hasta noviembre, lo que supone un retraso de unos cuatro meses sobre la fechas inicialmente previstas por el Ministerio de Cultura. Así lo explicó ayer en rueda de prensa Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores, que reclamó al Ejecutivo que, para evitar más daño al sector, tramite de urgencia el reglamento que desarrollará la ley antipiratería.
La petición se produjo después de saber que Cultura (que adelanta a septiembre la entrada en vigor de la normativa) iniciaba ayer el trámite preceptivo de consultas sobre el texto del borrador de este reglamento a las partes afectadas y a la Unión Europea. Un proceso que durará cuatro meses, según Olcese, y que se alargará porque el Gobierno necesita contar también con los informes del Consejero de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. "Habremos perdido un año", sentenció el portavoz de la industria cultural, que ayer dio a conocer el último informe sobre piratería en España. Un estudio que revela que la piratería en internet alcanzó los 11.000 millones de euros en 2010.
Una de las principales novedades del borrador es que incluye la opción de retirar las denuncias contra las webs que vulneren derechos de propiedad intelectual si sus titulares retiran el contenido en 48 horas "naturales". De ser así, "el instructor procederá a archivar la denuncia sin más trámite". Aun así, el artículo 20 del borrador, al que ha tenido acceso CincoDías, contempla la opción de la reapertura del expediente archivado, a instancia del denunciante, si se reanuda la actividad vulneradora.
La norma contempla impedir el acceso a webs con el servidor en el extranjero
Precisamente este punto del texto despertó ayer las críticas de la Coalición de Creadores, que pidió al Gobierno que el reglamento haga referencia "no solo a los contenidos, sino también a las conductas y a las reincidencias de quienes vulneran los derechos de propiedad intelectual, ya que de lo contrario la norma no será eficaz", señaló Olcese.
En opinión de la industria cultural, si esto no se hace el infractor podría retirar el contenido ilícito de manera temporal para conseguir el archivo del procedimiento y, posteriormente, volverlo a colgar en la red. "Algo que obligaría a los legítimos propietarios de los derechos a iniciar otra vez el proceso administrativo mediante una nueva denuncia, lo que nos haría entrar en una espiral sin fin", añadió Olcese.
El borrador, compuesto por 24 artículos, contempla también la opción de que los jueces veten el acceso desde España a webs con el servidor ubicado en el extranjero. En su preámbulo, recuerda que la Audiencia Nacional podrá ordenar a un proveedor de telefonía "que interrumpa la prestación de un servicio o impida el acceso desde territorio español".
Con todo, la Coalición de Creadores también reclamó al Ejecutivo que especifique en la normativa que los servicios que proporcionan enlaces a contenidos deben ser susceptibles de medidas de bloqueo o retirada. "Las webs de contenidos y las de enlace forman parte de un conjunto y hay que combatirlos con esa visión, si no de nada habrá valido el debate descarnado que ha vivido la sociedad española", señaló Olcese. Desde la industria cultural se destacó que las webs piratas han pasado de 200 hace año y medio a 300 hoy, por lo que "urge actuar con celeridad".
El 78% de los contenidos consumidos en España son piratas
La piratería en internet alcanzó los 5.562 millones de euros solo en el segundo semestre de 2010, un 8,6% más que en 2009. Y ello supone que el 78% de los contenidos que se consumieron en España en ese periodo eran piratas, según el informe presentado ayer por la Coalición de Creadores, un 3,4% más que en el mismo periodo del año anterior.l La música volvió a ser el sector que más sufrió las descargas ilegales, con un 97,9%, seguido de las películas, que registró un porcentaje de piratería del 74,8% sobre el mercado legal de pago. La investigación, llevada a cabo por la empresa de análisis IDC, indica que el valor de lo pirateado en música fue de 3.051 millones de euros y en el de películas, 1.543 millones. Aun así, la Coalición explicó que la tasa de piratería de películas ha caída un 9,4%, debido al buen año que fue 2010 para las salas de cine, gracias sobre todo a la oferta de películas en 3D.l La piratería de videojuegos y los libros creció más que ninguna otra. Los primeros hasta alcanzar el 66,2%, un 26,6% más que en el segundo semestre de 2009, con un valor de lo pirateado de 383,7 millones. Por su parte, en los libros la tasa de piratería fue del 43,5%, con un aumento interanual del 120,8%, y un valor del material descargado ilegalmente de 581,1 millones de euros.l Las cifras presentadas suponen que la Hacienda pública volvió a dejar de ingresar en 2010 casi 2.000 millones de euros, según el informe.l Lista 301. Aldo Olcese señaló que con estos índices de piratería es muy probable que España continúe este año en la lista de vigilancia de EE UU (la famosa lista 301) por la falta de progresos en la lucha contra las descargas ilegales. El presidente de la Coalición apuntó que en la actualidad ya hay más de 600 webs de contenidos legales de todos los sectores culturales. "El que no encuentra producto legal es porque no quiere".
Funciones de la nueva comisión
El borrador del reglamento recoge los aspectos técnicos y procedimentales de las dos secciones que compondrán la comisión de propiedad intelectual, el organismo administrativo dependiente de Cultura que tramitará las denuncias. Así, la sección primera tendrá encomendadas funciones de mediación y arbitraje, y la segunda, llevará a cabo sus funciones respecto a los casos de vulneración de derechos de propiedad intelectual por el responsable de un servicio, siempre que este actúe con ánimo de lucro o haya causado o pueda causar un daño patrimonial al titular de los derechos. El procedimiento, según el documento, se instará mediante solicitud, por lo que la sección segunda nunca actuará de oficio. Además, lo hará en el ámbito de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, nunca contra usuarios de internet.La Comisión decidirá en cada caso si procede la retirada de contenidos o el cierre de la página, y la ejecución forzosa de esas medidas deberá contar, siempre, con autorización judicial. En todo caso, el procedimiento permite en todo momento la retirada voluntaria de los contenidos que no cuenten con autorización del titular.