Ojo a los datos del mercado de tabaco
La política aplicada por el Gobierno contra el consumo de tabaco en lugares públicos ha hecho correr ríos de tinta y alimentado debates sin fin. En ocasiones disfrazada de polémica ideológica, otras veces centrada en aspectos sanitarios y, las más, focalizada en una cuestión sobre las libertades individuales, el caso es que allí donde surge enciende los sentidos y levanta pasiones. Está claro que el resultado final de una política gubernamental decididamente restrictiva para las labores de tabaco -subidas de impuestos incluidas-, por muy discutida que sea en el campo de los fumadores, acaba por desincentivar el consumo del producto. Aun así, el sector hostelero ha encontrado fórmulas -y descubrirá otras nuevas- para proporcionar a sus clientes fumadores la posibilidad de disfrutar de su afición sin conculcar la legalidad.
Pero en el debate del tabaco se abre ahora un nuevo frente que resulta preocupante, y que no está relacionado con la salud ni con las libertades individuales, ni siquiera con la ideología, sino con algo también muy cercano al consumo de labores: la Hacienda pública. Y es que los datos del mercado de cigarrillos correspondientes a los dos primeros meses del año han encendido las alarmas. Las ventas de cajetillas en el mercado nacional en enero y febrero han caído un 26,5%, un porcentaje muy superior al que se podría estimar como resultado inmediato de las restricciones legales al consumo en lugares públicos. Pero revisando solo un poco más las cifras oficiales del Comisionado del Tabaco se observa que la caída es aún mucho más notable en Andalucía, hasta el punto de que el mercado en esos dos meses se ha hundido un 30%.
Como ni en el mejor de los sueños de un político se ha dado tal eficacia y tan pronta en una medida legislativa, y más cuando es contestada por una parte significativa de la población, es lógico pensar que detrás de este hundimiento hay algo más. Y la pista la dan los desplomes del negocio en tres provincias, Cádiz (-35,4%), Málaga (-33,6%) y Sevilla (-32,8%), que evidencian el renacer de un contrabando de tabaco que se había convertido en residual.
Cálculos de Altadis, filial en España de la multinacional Imperial Tobacco, aseveran que las cajetillas falsificadas ya representan el 5,8% del mercado nacional, y que en las citadas provincias andaluzas llegan al 20%. El inadmisible perjuicio para las empresas del sector se convierte en una importante estafa a la Hacienda pública. Pero a la vez, el hecho de que la nueva ley de represión de contrabando haya elevado de 6.000 a 20.000 euros el valor del alijo intervenido para que pueda ser constitutivo de delito parece anunciar que se ha abierto una vía de entrada al contrabando sin control que mejor estaba cerrada. Por el buen funcionamiento del mercado legal y por la salud de las tan necesitadas arcas públicas.