Tarde, mal y nunca en la reforma de la Ley de Empleo
Una vez más el Gobierno de la Nación ha decido en una mañana de sábado sorprendernos con una reforma de la Ley de Empleo que ha llegado tarde, que ha llegado mal y que nunca ha escuchado a los ayuntamientos.
Se pretende tomar un atajo no consensuado al mayor problema social y económico de España: el del desempleo. Un problema que por otra parte no afecta por igual al resto de países de nuestro entorno.
Es nuestro modelo productivo el que cojea. Son nuestras relaciones laborales las que fallan. Y son unas políticas activas de empleo ancladas en el pasado, las que no son capaces de dar respuesta adecuada a las necesidades reales de los desempleados y de las empresas.
Estas reformas deberían haberse afrontando al principio de la crisis -en aquella fase de negación ¿recuerdan?-, no tres años después; y deberían haberse consensuado con todos los grupos políticos y agentes sociales. Porque la identificación del problema y la búsqueda de soluciones afecta a todos los sectores, a todas las instituciones, a todos los agentes sociales.
Tarde. Esta reforma establece que España debe tener una estrategia de empleo. ¿Ahora? ¿Después de tres años de crisis y con 4.700.000 españoles en paro? Parece que el Gobierno descubre ahora que hay que ofrecer un servicio público y gratuito de orientación y búsqueda de empleo, que incluya formación para el empleo y acciones de intermediación laboral. Hay que celebrar este descubrimiento, que por otra parte es justo lo que lleva haciendo la ciudad de Madrid desde el año 2005 con una carta de servicios que desde enero de 2009 pone negro sobre blanco el compromiso de la ciudad con los desempleados madrileños, atendiendo cada año a casi 45.000.
También acaba de descubrir el Gobierno que hay que ayudar al empresario y al emprendedor para que puedan encontrar al trabajador adecuado a sus necesidades, asesorarles en la creación y gestión de sus empresas y sobre las condiciones y posibilidades de contratación. Lo mismo que en la ciudad de Madrid venimos haciendo desde 2005, atendiendo ya a casi 20.000 emprendedores y empresarios al año.
Mal. Ahora, y gracias a esta nueva legislación, serán las comunidades autónomas, cada una de ellas, quienes decidan cómo gestionan los fondos del Estado: si pactan o no con ayuntamientos, con agentes sociales, con empresas privadas, o con asociaciones con o sin ánimo de lucro.
Nada que objetar a la participación de la iniciativa privada pero ¿qué hay de las entidades que, como la Agencia para el Empleo de Madrid, atesoran ya una dilatada experiencia atendiendo las necesidades de los desempleados, y disponen de modernas infraestructuras y de magníficos profesionales plenamente capacitados y formados para ello? ¿Nos van a impedir ahora atender a nuestros vecinos justo cuando más nos necesitan?
Esta discrecionalidad que introduce la nueva ley a favor de las comunidades autónomas no da lugar más que a desigualdades entre los ciudadanos según el territorio en que residan. Parece que de nuevo el Gobierno se ha plegado a reivindicaciones de los socios de los que depende su estabilidad.
Nunca. El Gobierno Socialista ha dejado fuera del sistema de empleo al eslabón más débil, pero también al eslabón más determinante. Porque les guste o no, el ciudadano sigue recurriendo a su ayuntamiento cuando tiene un problema, y el empleo, hoy por hoy, es su principal preocupación. Se ha dejado de lado a los ayuntamientos, a pesar de nuestra petición formal y de ser importantes gestores de las políticas activas de empleo (se estima que las administraciones locales gestionamos 600 millones de euros al año). Habrá que preguntarse ¿por qué?
Una vez más el Partido Socialista no cree lo que dice, ni dice lo que realmente cree. Difícil papeleta que tendrá que explicar a los miles de candidatos socialistas de cada ayuntamiento. En la ciudad de Madrid, nuestro ayuntamiento ha aportado al desarrollo de políticas de empleo más de 190 millones de euros desde 2003. Sin esa aportación municipal muchas de las actuaciones que se vienen desarrollando no se atenderían y eso afectaría de forma directa a los perceptores de la atención personalizada, de la orientación y la tutorización, de los asesoramientos al autoempleo, de la formación para el empleo, y de la atención a empresas para detectar nuevos puestos de trabajo.
Esperemos que, fiel a su estilo, el Gobierno rectifique.
Miguel Ángel Villanueva. Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del ayuntamiento de madrid