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Posible delito contra la seguridad colectiva

Los responsables de Ascó imputados por fuga radiactiva se niegan a declarar

Los dos responsables de la central nuclear de Ascó en 2007, imputados por la emisión sin control de partículas radiactivas al aire durante varios meses, se han negado hoy a declarar ante el juzgado de Gandesa que instruye el caso.

Los dos responsables de la central nuclear de Ascó en 2007, imputados por la emisión sin control de partículas radiactivas al aire durante varios meses, se han negado hoy a declarar ante el juzgado de Gandesa que instruye el caso.

El director de la central nuclear de Ascó cuando se produjo el escape de partículas radiactivas en noviembre del 2007, Rafael Gasca, y el jefe del servicio de Protección Radiológica, F.G.T., han llegado pasadas las nueve de la mañana al edificio judicial acompañados de sus abogados y representantes de la central. Alrededor de una hora después, han abandonado las dependencias sin hacer declaraciones ante los numerosos medios de comunicación que se han congregado hoy en Gandesa.Tampoco han explicado su versión de los hechos ni a la juez instructora del caso, Laura Martínez Salom, ni la fiscal de Medio Ambiente de Tarragona, Ignacio Monreal, ya que se han acogido a su derecho de no declarar.

En este sentido, fuentes judiciales han informado de que los imputados podrían solicitar prestar declaración de forma voluntaria en los próximos meses, cuando la fase de instrucción esté más avanzada y se disponga de los informes periciales solicitados por la juez.

Por otra parte, la declaración de los otros dos imputados por este caso -J.S.R., jefe de explotación de la planta en 2007, y A.G.R., inspector residente titular de Ascó 1 cuando se produjo la fuga-, prevista para el próximo viernes, ha quedado suspendida sine die.

Posible delito contra la seguridad colectiva

En un auto fechado el 10 de febrero, la juez admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente y abrió diligencias para practicar nuevas pruebas. La denuncia de la Fiscalía se centraba en los hechos que ocurrieron en noviembre de 2007, cuando la central de Ascó I emitió al exterior partículas radiactivas de la que no informó hasta abril del año siguiente, y que ya ocasionó en 2009 la imposición de una multa de 15,39 millones de euros por parte del Ministerio de Industria, la más alta de la historia nuclear española.

La Fiscalía atribuye a los cuatro acusados la posible comisión de un delito contra la seguridad colectiva por exposición de radiaciones ionizantes debida a una "imprudencia grave". Además, el fiscal aprecia la comisión de un posible delito contra el medio ambiente, otro contra los derechos de los trabajadores y un cuarto por falsedad documental.

Partículas radiactivas

En su denuncia, el servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía recuerda que fueron halladas partículas radiactivas en la orilla opuesta del río Ebro, en una chatarrería situada a 60 kilómetros de Ascó, e incluso en el zapato de un trabajador que salía de la central, mientras que "no se cancelaron las visitas de grupos de estudiantes a la central" una vez conocida la fuga y dispersión de partículas.

Según el fiscal, el suceso se produjo mientras finalizaba la recarga de combustible, cuando un trabajador novel "siguiendo instrucciones verbales" vació de forma indebida un recipiente con 50 litros de líquido radiactivo que saltó a la rejilla de aspiración del circuito de ventilación de la central -que además no tenía en funcionamiento el sistema de ventilación de emergencia que habría evitado la emisión al exterior-.

La mayor multa de la historia

El incidente fue clasificado con un nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (Ines), que va de 0 a 7, y supuso la imposición por parte del Ministerio de Industria de la mayor multa de la historia nuclear española, un total de 15,4 millones de euros, que en su momento las entidades ecologistas criticaron porque consideraron que salía barato contaminar.

El reactor de Ascó I, de 1.032 megavatios de potencia, produce al año más de 760.000 megavatios por hora y es el cuarto de mayor potencia instalado en España. Inaugurado en 1983 y propiedad de Endesa, su actual permiso de explotación vence en octubre de este año.

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