La foto de la semana puede salir borrosa
La instantánea de la firma del Acuerdo Social y Económico (ASE) fue todo un logro para el Gobierno. Un auténtico balón de oxígeno en un momento en que instituciones europeas y mercados internacionales, por no hablar de la arena doméstica, escrutaban con lupa los avances de las reformas en España. Aquel 2 de febrero, cuando aún planeaban sobre la Península los rumores de rescate, la unión de Ejecutivo y agentes sociales dio un mensaje de confianza dentro y fuera del país.
Este jueves, en cambio, podría suceder lo contrario. Que el Gobierno llegue a la cumbre de líderes europeos sin un acuerdo sobre la reforma de la estructura de los convenios colectivos parece un escenario cada vez más probable. Trabajo ya ha advertido de que no le importa ampliar el plazo límite, fijado originalmente para el día 19, mientras pueda acudir a la cita al menos con un preacuerdo.
De no ser así, España se complicará la vida en Bruselas, y no solo por la mancha que supondría en su hoja de servicios. Con el Pacto por el Euro abierto en canal, se tratarán cuestiones directamente relacionadas con el modelo de negociación colectiva, como la famosa propuesta alemana de desvincular los salarios de la inflación. Salvo cambios de última hora, el acuerdo que alcancen los agentes sociales no contendrá más que menciones retóricas a la necesidad de aumentar la productividad. Un tema, por cierto, que las partes han reiterado que no está sobre la mesa y que no se contemplaba en la hoja de ruta incluida en el ASE.
Tal y como recordó el jueves el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, el modelo actual de negociación colectiva ya incluye la productividad entre los elementos que conforman el salario. Revalorización sobre la inflación prevista, reparto de productividad y aplicación si procede de la cláusula de garantía salarial son los pasos que se siguen todos los años para actualizar los sueldos en convenio. Los sindicatos opinan que el modelo es válido; la patronal, que ahora no toca cambiarlo.
Pero los puntos calientes de la negociación, que afronta esta semana su fase decisiva -que no final-, no tienen que ver con el debate introducido por la canciller Angela Merkel. Los protagonistas siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo se deben gestionar las llamadas medidas de flexibilidad interna y sobre cómo reestructurar la relación entre los convenios de empresa y los de ámbito superior.
En cuanto al primer aspecto, la posición de CEOE y Cepyme, tildada por los sindicatos de maximalista, es que deberán ser las propias empresas las que regulen de qué manera se modifican sueldos, horarios y movilidad. UGT y CC OO, por su parte, se niegan a permitir el "desequilibrio de las relaciones laborales" en las compañías.
Tampoco está claro qué va a pasar con las múltiples capas en que se organiza actualmente la estructura de la negociación colectiva. El punto de partida fijado en el ASE era racionalizar el marco y eliminar convenios obsoletos, potenciando la negociación colectiva en la propia empresa. Sin embargo, no se ha dado con la fórmula para que el aumento de la capacidad de adaptación de las compañías a las condiciones económicas no se riña con la protección de los trabajadores.
En lo que sí se han acercado posiciones es en limitar la rigidez de la negociación colectiva. Patronal y sindicatos se muestran partidarios de que los convenios se puedan modificar durante su vigencia a través de las llamadas comisiones tripartitas (autoridad laboral competente y representantes de la empresas y de los trabajadores).
Otra de las cuestiones abiertas es el procedimiento a seguir una vez expiran los convenios. Aunque en los documentos intercambiados por las partes se apunta a fijar plazos de negociación y acudir al arbitraje en última instancia, no se ha salvado el escollo de la ultraactividad. Esto es, que los convenios permanezcan en vigor hasta que se negocie uno nuevo. Los sindicatos se niegan a que eso cambie, mientras que la patronal lo considera uno de los principales lastres del sistema.
Queda, pues, mucho trabajo por delante hasta que se encuadre una foto similar a la del 2 de febrero. Quizá demasiado para el Gobierno, que ansía mostrar este jueves en Bruselas el retrato. Aunque esté borroso.