La demora entre las empresas se redujo ocho días

La Administración paga 107 días más tarde de lo que fija la ley

El sector público tardó una media de 157 días en pagar a sus proveedores en 2010, lo que supone un aumento de tres días respecto al año anterior y un desfase de 107 días respecto al máximo fijado en la Ley de Morosidad.

El 7 de julio entró en vigor la nueva Ley de Morosidad, que establecía un reducción progresiva en los plazos de pagos de las empresas y las Administraciones públicas con sus proveedores. En el primer caso se debían reducir a 60 días como máximo para el 1 de enero de 2013, mientras que en el segundo se ajustaría a 30 días.

Unos plazos que parecen alcanzables para el sector privado, pero que se antojan de difícil consecución para el sector público. Así lo aseguró ayer Rafael Barón, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), quién tildó de "cáncer" para la economía la fuerte demora en los plazos de pago de las Administraciones públicas. "El sector público tiene que dejar de financiarse a costa de las pymes y debe ser consciente de que debe cumplir con los plazos fijados por ley". Según el balance realizado por la Plataforma, el plazo de cobro medio real del sector público ha subido de 154 a 157 días en 2010, lo que supone una diferencia de 107 días respecto a lo fijado por la norma (50 días) para este año. Todo lo contrario que en el caso de las empresas, que han reducido en ocho días (de 101 a 93) el plazo de cobro de las facturas respecto a sus proveedores y tan solo se quedan a ocho días del plazo legal (85 días). "Esta rebaja significa que el sector privado sí está haciendo frente al nuevo marco regulatorio y está aportando financiación al tejido empresarial". Según sus cálculos, el recorte de ocho días, "que marca una tendencia a seguir", inyectará más de 1.800 millones a las pymes. La tasa de morosidad (impagos sobre total de facturación) se elevó al 5,1%, una décima más que en 2009.

Siete demandas por incumplimiento

El retraso en el pago del sector privado es muy diferente en función del sector en el que está encuadrado el pagador. El que peor lo hace es el de la construcción, con un plazo medio de pago de 97 días, frente a los 96 de la industria o los 86 de los servicios. Por ello, Barón anunció que los servicios jurídicos de la Plataforma están estudiando la presentación de "seis o siete" demandas por impagos contra compañías morosas, la mayoría de la construcción.

Una de ellas servirá de continuación a la presentada en Madrid por la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos contra Ferrovial por incumplimiento del plazo de pago fijado en la nueva Ley de Morosidad, extremo que la compañía niega.

En cuanto al sector público, los que más tardan en pagar sus facturas son las corporaciones locales, que adeudan más de 33.000 millones de euros a sus proveedores, seguidos por las autonomías.