EDITORIAL

Las cuentas difusas de las comunidades autónomas

Como si de una resaca se tratase, Moody's remató el viernes su rebaja de la calificación crediticia al Reino de España haciendo lo propio con la deuda de cuatro comunidades autónomas -Castilla-La Mancha (A2), Cataluña (A3), Murcia (A1) y Valencia (A2)- a las que aplicó perspectivas negativas. La agencia crediticia justificó la rebaja en el incumplimiento por parte de esas cuatro regiones del objetivo de control del déficit fiscal marcado por el Gobierno en 2010 y en las dificultades que presumiblemente tendrán para alcanzar los fijados para 2011 y 2012.

Pese a las numerosas críticas que las agencias crediticias continúan cosechando -la propia Bruselas cargó ayer contra el excesivo poder que irradian sobre los mercados y abogó por una mejor regulación del sector- no se puede negar que España tiene un grave problema de déficit profundamente enraizado en sus comunidades autónomas. Un problema del que, con las cifras oficiales en la mano, las cuatro regiones señaladas en rojo por Moody's son una parte, pero en absoluto el todo. Pese a que el conjunto de las Administraciones públicas cumplió el año pasado con los deberes de déficit, fue la austeridad de las cuentas del Estado central la que hizo posible cuadrar esos números. No son dos ni tres ni cuatro, sino nada menos que nueve comunidades autónomas las que han cerrado el año con un déficit por encima del exigido. Cuatro de ellas, Cataluña, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha, lo hicieron "considerablemente", en palabras de Elena Salgado. En el caso de la región castellanomanchega, la cifra se disparó hasta el 6,7%.

Pese al esfuerzo hercúleo al que se enfrentan este año -deberán recortar su déficit en 16.000 millones para alcanzar el objetivo de reducir sus números rojos al 1,3% del PIB- la decisión de acabar con la laxitud presupuestaria sigue sin estar presente en muchas de las agendas regionales. Las continuas llamadas de atención de Salgado sobre el control presupuestario no han logrado evitar que la mitad de los Gobiernos autonómicos prevean seguir aumentando el gasto en 2011 y que la ortodoxia en este capítulo siga, lamentablemente, sin asumir el rango prioritario que le corresponde.

Pero si las cifras conocidas son preocupantes, la posibilidad de que puedan existir bolsas de déficit no aflorado arroja una sombra aún mayor sobre las ya maltrechas finanzas autonómicas. El fantasma de lo ocurrido en Cataluña con el cambio de Gobierno planea sobre las demás tras las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo y genera la sospecha de que tras los comicios surgirán nuevos agujeros presupuestarios que encarar y financiar. A esa sombra hay que sumar también el lastre que supone el déficit de la Seguridad Social, que cerró 2010 en números rojos cuando el Gobierno había previsto que cerraría el año en superávit. Son, todos ellos, factores que inyectan aún más desconfianza a la percepción que la economía española despierta en los mercados. Con la carga cerca de cinco millones de parados y un atisbo anémico de crecimiento, una de las herramientas para contrarrestar esas percepciones es presionar aún más a las comunidades autónomas para que ejerzan un férreo control sobre el gasto y saneen sus finanzas a conciencia.

En ese empeño de recorte presupuestario resulta fundamental avanzar hacia una reforma de la Administración estatal y autonómica que elimine las ineficiencias, duplicidades y maneras diferentes de gestionar que existen actualmente en España y que dificultan, de forma importante, la actividad económica y comercial del país. Una reforma encaminada a aligerar el peso que esas multiplicidades generan tanto a ciudadanos como a empresas y que tiene la suficiente entidad como para ser acometida con el consenso de los principales partidos políticos. En un mundo globalizado cada vez en mayor medida, se hace urgente repensar la estructura de un Estado en el que junto a 17 comunidades autónomas existen alrededor de 50 diputaciones provinciales, 8.000 municipios -más del 70% de ellos con menos de 2.000 habitantes-, además de delegaciones del Gobierno, defensores del pueblo, tribunales autonómicos y otros organismos administrativos con competencias solapadas. Avanzar hacia esa reforma y hacerlo con equilibrio y sentido de Estado es más que una cuestión política, es una cuestión de eficiencia y de confianza.