Las señales de alerta que envía el empleo
El foro propagandístico al que se somete cada mes a los datos de empleo y paro, en el que la única discusión de pugilato es si la ocupación mejora o no lo hace todavía, se resuelve con un vistazo simple a la evolución de las variables registradas por las oficinas de empleo y por la Tesorería de la Seguridad Social. Por desgracia, la destrucción cíclica de ocupación no ha concluido; pero, además, febrero ha añadido pesimismo a la pasividad que ya manifestaba la actividad económica en enero, con menor volumen de contratación de trabajadores y con un endurecimiento de las tasas anuales de destrucción de empleo en el registro de cotizantes.
Considerar que la generación de ocupación nueva debe volver por el simple hecho de que se ha reformado la legislación laboral es un voluntarismo hueco. Aunque la reforma de la normativa aprobada deja mucho que desear en su intento de flexibilizar las relaciones laborales y hace menos de lo que el Gobierno cree por facilitar la contratación, el motor de la generación de empleo sigue al ralentí, porque al ralentí está la actividad económica, que sigue flirteando entre el estancamiento y el crecimiento anémico tras haber dejado atrás una recesión de dos años completos. Sin crecimiento, no hay empleo. Por tanto, a falta de mayor voluntad para flexibilizar el mercado laboral para abaratar el coste del factor trabajo, los empeños deben concentrarse en aquellas palancas que muevan el crecimiento económico, porque solo ellas devolverán el esfuerzo traducido en nuevos puestos de trabajo.
Pese a llevar más de un año de trasiego reformador en materia de mercado de trabajo, continúa habiendo aristas cuya limadura puede ayudar a generar nuevas contrataciones, aunque siga atenazado el crecimiento. En febrero el número de parados entre los que buscaban su primera oportunidad en el mercado se ha incrementado un 5%, casi cinco veces más que el desempleo genérico, lo que demuestra que los jóvenes encuentran dificultades añadidas para ubicarse entre la masa laboral. Y dado que España no puede condenar a la mitad de los jóvenes a estar de brazos cruzados (la tasa de paro entre ellos supera el 42%), el Gobierno debe hacer más cosas por el empleo juvenil, más incluso de las que ya ha anunciado para contratación a tiempo parcial.
Tampoco puede descartar una segunda ronda reformadora, puesto que no es ni social, ni económica ni políticamente tolerable que España se acerque peligrosamente a los cinco millones de parados y que su nivel de empleo haya vuelto a los números de hace siete años. Seguramente más pronto que tarde habrá que remover de nuevo el sistema de contratación y despido para ajustar el coste del factor trabajo a la realidad de los competidores, buscando recuperar atractivo diferencial por tal vía, dado que la que supuestamente iba a proporcionar la transformación del modelo de crecimiento, se retrasa demasiado, quizás de manera irreversible. En todo caso, ni Gobierno ni agentes sociales pueden pasar también de puntillas sobre la estructura de los convenios colectivos, que condicionan y encarecen la formación de los salarios, y con ella la de los precios de los bienes y servicios con los que España debe competir en los mercados internos y externos.
En las últimas semanas han surgido dificultades añadidas a las que ya tiene la economía española para recuperarse. El acontecimiento afortunado que supone la oleada democratizadora de los países árabes del norte de África ha traído, por contra, dificultades añadidas a la recuperación de las economías occidentales. La inestabilidad geopolítica dispara los precios del crudo y del resto de las materias primas, pone contra las cuerdas la inflación, sube los tipos de interés, cercena la renta de la gente y pone una pausa indefinida en la marcha de la economía.
Sin hacer abstracción de los acontecimientos y sus efectos, los gobernantes tienen que centrar sus esfuerzos en estimular el crecimiento económico con reformas de todos los mercados de bienes, servicios y factores, además de controlar sin ningún género de dudas el gasto público y la deuda, para que la financiación vuelva a fluir y, con ella, la mejora de las expectativas de los agentes privados, los que en última instancia mueven la rueda del empleo.