Madrid y Cataluña fichan vigilantes para ahuyentar a los 'okupas' en VPO
En los últimos meses se ha detectado un preocupante aumento de los intentos por ocupar viviendas de manera ilegal. Además de casas en barrios consolidados, las promociones nuevas de las zonas periféricas se han convertido en otro de sus objetivos. Los Gobiernos de Madrid y Cataluña, entre otros, se han visto obligados a contratar vigilantes privados para proteger las casas de promoción pública (VPO). Solo el Ivima madrileño lleva años con esta política y gasta cinco millones de euros.
El perfil del okupa ha variado como consecuencia de la crisis. Cada vez hay más familias con hijos procedentes de desahucios o ejecuciones hipotecarias, aunque las fuentes consultadas aseguran que continúan siendo los integrantes de algunos colectivos antisistema quienes protagonizan la mayoría de estos intentos por lograr alojamiento gratis.
Además, la proliferación de los denominados barrios fantasma como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria contribuye a que los okupas se planteen como objetivos de sus asaltos las viviendas vacías de nueva construcción de las zonas periféricas de las grandes ciudades. En este caso, se encuentran aparentemente a salvo de la llamada a la policía de los vecinos. Las promotoras y constructoras que se han librado de la quiebra siguen optando por contratar los servicios de empresas de vigilancia para garantizar que los pisos no son ocupados de manera ilegal antes de su entrega a los legítimos propietarios o inquilinos. Pero como el problema se ha acuciado, algunas administraciones públicas han tenido que terminar haciendo lo mismo.
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, su empresa regional de Vivienda, el Ivima, lleva años convocando un concurso para subcontratar este servicio. En el último, el coste para las arcas públicas de esta labor de vigilancia asciende a cinco millones de euros en dos años.
Alarma social
"Hasta que la constructora entrega las viviendas terminadas al Ivima es responsabilidad suya evitar su ocupación ilegal, pero a partir de ese momento nos encargamos nosotros de la vigilancia hasta la entrega de llaves", asegura el gerente de este organismo, José Antonio Martínez Páramo.
"Las labores de control consisten en realizar rondas por los bloques de pisos y en cuanto se detecta una posible ocupación ilegal situar al personal de seguridad permanente. En una ocasión, en una promoción de Navalcarnero hubo que destinar a 14 vigilantes en un bloque para tener controlados cada uno de los portales las 24 horas del día", añade el gerente. En términos relativos, tanto las autoridades madrileñas como las catalanas minimizan el impacto que tienen los okupas sobre el total del parque público de vivienda social (no llegan al 1% en ningún caso), pero sí admiten que en cuanto se detecta un caso, éste genera una fuerte alarma social en el vecindario. Por eso, Cataluña también ha iniciado la contratación de vigilantes para sus promociones, aunque no facilita el dato del gasto de este servicio, e insiste en que todas aquellas familias que demanden un alojamiento cuentan con una amplia oferta.
Fuentes de la Secretaría de Vivienda y Mejora Urbana de la Generalitat recuerdan que existen cerca de 9.000 plazas para personas con riesgo de exclusión social que pueden acceder a una casa a través de la red de alojamientos sociales y de acogida de la agencia catalana y de los propios ayuntamientos.
Objetivo: una solución judicial ágil y eficaz
Se da la paradoja de que hoy por hoy es más fácil desalojar de una vivienda a un inquilino moroso que en su día firmó un contrato de arrendamiento o ejecutar una hipoteca que conseguir que abandone la casa quien la ocupó mediante la patada en la puerta.Ni el popular desahucio exprés, ni la figura del arbitraje que tantos trámites y plazos tediosos ahorran pueden aplicarse cuando se detecta un okupa. "En ese caso, solo cabe proceder judicialmente por la vía penal o civil. O bien interponiendo una denuncia por allanamiento o por la figura conocida como desahucio por precario", explica Noelia Moreno, técnica de la Secretaría de Arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade). Por ello, desde este organismo, así como desde las Consejerías de Vivienda de Madrid y Cataluña demandan la búsqueda de soluciones que den más garantía jurídica a los propietarios de pisos vacíos. "En estos momentos, conseguir el desalojo de un okupa puede durar de seis meses a dos años", advierte el gerente del Ivima. En cuanto a la morosidad en estas viviendas públicas, que a veces es considerada la antesala de la ocupación ilegal, en Madrid los alquileres sociales pueden ser renegociados cuando se produce una situación de desempleo. "Hemos aprobado subvenciones de hasta el 90% de la renta, de forma que de pagar 250 euros al mes pueden pasar a abonar apenas 40", aseguran.
Las cifras
14.516 casas forman el parque público catalán, en el 0,6% residen 'okupas'.185 expedientes irregulares detectó Madrid en sus 19.000 inspecciones.14 vigilantes por bloque han llegado a ser necesarios.