El Banco de España explica en la City el nuevo decreto de la banca
El director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, explicó ayer ante inversores y analistas en Londres las líneas maestras del nuevo decreto que regulará las exigencias de capital a la banca española. Aseguró que la norma permite a las cajas acceder a capital de máxima calidad y "contribuye a profesionalizar su gestión y órganos de gobierno, al tiempo que somete a estas entidades a la disciplina del mercado".
"Donde sea necesario, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) proporcionará los fondos para alcanzar los requerimientos de capital de la norma", dijo Roldán, en alusión a las entidades que no logren reforzar su solvencia por sus propios medios y tengan que recurrir al respaldo público en el plazo señalado.
Los resultados de la reestructuración financiera en España "han sido sustanciales" y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno persiguen "disipar las dudas que puedan quedar sobre la fortaleza del sistema financiero español", incidió Roldán.
El responsable de regulación del Banco de España indicó que, a raíz del recrudecimiento de la crisis de deuda soberana de los países periféricos y de las dudas sobre la economía española y su sistema financiero, el Gobierno español ha aprobado el decreto ley de reforzamiento de la solvencia, a lo que se suman los mayores requerimientos de transparencia a las entidades.
El responsable del Banco de España informó a los inversores y analistas británicos de que la exposición de las cajas de ahorros al sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria se eleva a 217.000 millones de euros, de los que se consideran potencialmente problemáticos 100.000 millones, el 46% del total. Los créditos dudosos y subestándar se elevan a 28.000 millones de euros en cada caso.
Reacciones
Para Barclays Capital, la recapitalización de las cajas en España "va más lenta de lo esperado". Y pese a que el decreto va en la buena dirección, asegura que la necesidad de capital de la banca se eleva a 46.000 millones de euros, frente a los 20.000 que estima el Gobierno.