Una nueva fase en el sector bancario
El decreto-ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros abre una nueva fase en la transformación del sector financiero español, determinada por la necesidad de cumplir unos requerimientos más elevados de capital si bien en unos plazos algo más dilatados que los que se habían anunciado anteriormente.
La norma, publicada en el BOE el sábado pasado, obligará a las entidades de crédito a definir su estrategia en este nuevo contexto regulatorio.
Parece claro que se acelerará el proceso de transformación de las cajas de ahorros en bancos, utilizando las diversas formas jurídicas que ahora reconoce la Lorca. Incluso, algunas entidades que todavía no han emprendido este camino podrían hacerlo a corto plazo. También parece probable que se produzca un nuevo proceso de consolidación.
El futuro debería deparar un sector bancario más sólido, con entidades que, al margen de las que ya reúnen estas características, serán más grandes, eficientes y solventes.
Habrá entidades financieras que opten por no seguir este camino, apostando, desde la solvencia, por mantener una configuración más tradicional como pequeños bancos, cajas de ámbito de actuación local o regional y cooperativas de crédito.
Esta nueva fase de la transformación del sector bancario no solo debería conllevar una ganancia de eficiencia de las entidades individualmente consideradas, sino también, y sobre todo, del sistema en su conjunto, a través de una reestructuración que, globalmente considerada, implique una reducción efectiva del exceso de capacidad instalada.
El papel de las ayudas públicas en esta fase del proceso estará severamente condicionado, al margen de los contenidos del real decreto-ley, por las reglas europeas en materia de ayudas de Estado que serán muy exigentes, especialmente tras el cierre, el pasado 31 de diciembre, de la ventana del régimen de autorizaciones en el marco de esquemas nacionales de recapitalización con fondos públicos.
En esencia, estas limitaciones exigen que las ayudas se concedan a entidades viables a medio plazo, que se otorguen en condiciones de mercado, que vayan a acompañadas de un plan de reestructuración, que se prevea un proceso claro de restitución de las ayudas y, sobre todo, que no distorsionen la competencia bancaria.
La severidad de este régimen, y las incógnitas derivadas de la presencia pública en el capital de una entidad de crédito, deberían actuar como un fuerte incentivo para que las entidades y, especialmente aquellas que prevean una mayor dificultad para alcanzar los nuevos niveles de capital con inversores privados, busquen soluciones alternativas a través de procesos de integración con otras entidades de crédito.
El liderazgo en estos procesos habría de corresponder a aquellas entidades, bancos o cajas (o bancos de cajas), que se encuentren en situación holgada en términos de core capital, que cuenten con un proyecto de negocio viable, sostenible y con capacidad de generar resultados positivos de forma recurrente, y que dispongan de una capacidad acreditada para acudir en condiciones razonables a los mercados de capital.
Sería lógico que las entidades que se integren hagan lo posible por hacerlo del modo que les sea más favorable, incluyendo la atención a intereses que, como sucede en el caso de las cajas de ahorro, no tienen un carácter exclusivamente económico, como ocurre con el mantenimiento y desarrollo de su obra social.
La rapidez será un factor clave en el proceso. Las entidades que se encuentren ya en condiciones de abordar estrategias de crecimiento a corto y medio plazo, beneficiándose de los efectos colaterales de los procesos de integración y la necesidad de recapitalización de otras entidades, partirán de una situación privilegiada. A mayor duración tengan esos procesos de integración, mayor será la ventaja competitiva y las posibilidades de crecimiento de las entidades que partan de una mejor situación.
La transformación del sector bancario español será, probablemente, vertiginosa, con independencia de los plazos finalmente establecidos en el real decreto-ley y, aun cuando las prisas sean siempre malas consejeras, permanecer a la espera no parece la mejor estrategia. Las decisiones a adoptar, y las alternativas a considerar, serán complejas, repletas de matices legales, fiscales, contables y regulatorios, y habrán de ser cuidadosamente ponderadas.
En los próximos meses se dibujará el nuevo mapa bancario español que estará vigente durante años. El resultado no será indiferente para ninguna entidad.
Francisco Uría. Socio responsable del sector financiero de KPMG