Los minoritarios de Metrovacesa aprovechan el proceso contra Rivero para movilizarse
Accionistas minoritarios de Metrovacesa están aprovechando el proceso abierto contra el expresidente Joaquín Rivero para denunciar presuntas irregularidades en la administración de la inmobiliaria.
Los asesores legales de accionistas minoritarios de Metrovacesa han enviado recientemente cartas a los presidentes de los bancos propietarios de la inmobiliaria -Santander, BBVA, Caja Madrid, Popular, Barclays y La Caixa- advirtiendo de presuntas irregularidades cometidas en la compañía.
En una de esas cartas el abogado Santiago Nogueira, representante de un grupo de accionistas minoritarios, advierte que en el contrato de 30 de enero por el que los bancos adquirían la mayoría del capital de Metrovacesa, en manos del grupo Sanahuja, "existen importantes irregularidades que pueden ser constitutivas de delito, ya que los adquirentes de dichas acciones lo hacen a un precio de 57 euros por acción, precio manifiestamente superior a la cotización en Bolsa de las mismas acciones a tal fecha", acciones que la banca tenía pignorada y podía "haber ejecutado al precio en ese momento en Bolsa".
En su carta, el representante de los accionistas minoritarios advierte que esa operación supone "un grave quebranto patrimonial" para Metrovacesa, así como "un grave perjuicio para los accionistas minoritarios". Y añade que de no obtenerse respuesta por parte de las entidades financieras dueñas de Metrovacesa "queda abierta la vía judicial".
La familia Sanahuja, que llegó a superar el 80% del capital de Metrovacesa, entregó a la banca acreedora la mayoría de sus títulos en la inmobiliaria a cambio de reducir su deuda. El grupo Sanahuja llegó a superar los 5.000 millones de euros de deuda. El excesivo endeudamiento vino provocado por los préstamos solicitados para adquirir la mayoría de Metrovacesa entre 2006 y 2008.
Joaquín Rivero declara hoy en el Juzgado 51 de Madrid por un presunto delito de información privilegiada cometido cuando era presidente de Metrovacesa, en 2005. La Fiscalía Anticorrupción acusa al empresario de obtener un beneficio ilícito de 2,8 millones incumpliendo las obligaciones impuestas a quienes tienen información privilegiada.
