Industria sella la paz del carbón sin que la Xunta retire sus pleitos
El Ministerio de Industria se apresuró este fin de semana a firmar un acuerdo con los sindicatos y las empresas mineras integradas en Carbunión, por el cual, el Gobierno se compromete a acelerar la aplicación del real decreto que obliga a las eléctricas a consumir carbón nacional en sus centrales térmicas a cambio de que los sindicatos desconvoquen sus movilizaciones y las mineras levanten "ordenadamente" los ERE que afectan a todas sus plantillas.
Tras la decisión de las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, de retirar los recursos judiciales ante el Supremo y el Tribunal de la UE, que mantenían en suspenso el desarrollo de ese decreto, Industria ha considerado desbloqueada la situación. Sin embargo, existe un escollo que, de no salvarse, podría llevar a pique la paz anunciada a bombo y platillo: la petición de suspensión cautelar en Luxemburgo de la Xunta de Galicia, el cuarto demandante en discordia. Ayer domingo, el Gobierno de Núñez Feijoo no había retirados sus pleitos y su intención hecha pública el sábado era de no retirarlos, salvo que se cumplan ciertas condiciones.
El presidente de la Xunta gallega, que ha recibido presiones de su homólogo de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para que ceda, se ha sentido muy molesto por la actitud del ministro de Industria, Miguel Sebastián, de negociar sólo con las eléctricas y no con el Gobierno gallego. Este acudió a los tribunales para defender a las dos grandes centrales de carbón de importación ubicadas en su territorio, que, junto con las de gas, quedarán fuera del mercado para dar preferencia al carbón local. Tanto Industria como las eléctricas consideran que la Xunta cederá, pues estas plantas tienen asegurado el cobro del lucro cesante a través de los llamados pagos por capacidad que se incrementaron un 70% en la orden de tarifas.
Por el momento, Industria tiene previsto publicar mañana una resolución que fija los precios y cantidades de carbón que deben comprar las eléctricas en el plazo de tres días tras su publicación. A partir de ahí, y cuando las plantas puedan arrancar, algo que requerirá llevará su tiempo pues llevan más de un año paradas, la producción eléctrica entraría en el mercado mayorista a un precio regulado. Pero este sólo podrá pagarse a las eléctricas si la Xunta levanta las medidas cautelares solicitadas en Luxemburgo, que mantienen en suspenso la posibilidad de pagar este precio, que tiene la consideración de ayuda de Estado autorizado por la CE.
El juez podría no prorrogarlas, tal como había pedido el Gobierno gallego (y las propias eléctricas, que desistieron de su petición, para enfado del juez). De lo contrario, la guerra continuaría.