Una batalla empresarial que se va recrudeciendo
ACS apelará a la Audiencia de Vizcaya y, en su caso, al Supremo
La guerra, al principio soterrada y, desde el año pasado, pública y notoria, entre ACS e Iberdrola se saldó ayer con una nueva batalla que han ganado, de momento, los administradores de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán. Se trata del pleito que mantienen en Bilbao por la entrada de la constructora en el consejo de administración de la eléctrica, que le fue vetada en la última junta de accionistas de Iberdrola celebrada el pasado marzo. El argumento legal es conocido: que ACS era una competidora de Iberdrola en el sector de las energías renovables y en el de la ingeniería.
Fuentes jurídicas aseguran que en el grupo que preside Florentino Pérez esperaban este desenlace, "por la presión ambiental" de un juicio que se ha celebrado en el mismo Bilbao, sede de la compañía, donde el conflicto "está fuertemente politizado y al que no le faltan tintes nacionalistas". Y hasta deportivos. No en vano, en la junta de marzo que aprobó la destitución del consejero designado por ACS por el sistema representación proporcional que establece la ley, hubo más de una alusión al Real Madrid, club que preside Florentino Pérez.
Por el momento, el juez mercantil que ha llevado el caso considera que la decisión de la junta de accionistas, amparada en informes de PwC y Nera Economic "no es un acto ilegal".
ACS, principal accionista de Iberdrola con el 20% del capital, no confía tampoco en la siguiente instancia judicial a la que va a apelar, la Audiencia Provincial de Vizcaya, pero sí en el Tribunal Supremo, al que acudirá si no tiene éxito en la Audiencia.
La sentencia publicada ayer considera que ACS es un competidor de Iberdrola, pese a que su peso en renovables es solo el 1,2% (187 millones sobre una facturación total de 16.000 millones). Precisamente, ACS ha puesto en venta estos activos, que valora en 5.000 millones de euros. Fuentes consultadas consideran que esta decisión "ha dado argumentos al juez para desestimar la impugnación", pues ha podido considerar que los vende para librarse de la acusación y por el valor que ha atribuido a un negocio que, en cualquier caso, está en desarrollo.
A la junta
Otras fuentes niegan rotundamente que ACS haya puesto en venta estos activos para ganar este juicio, cuando, además, ya sabía que la venta no se iba a producir antes de que se dictase sentencia. Al margen de este proceso de desinversión, en la constructora sabían que "lo que el juez iba a valorar es la validez del acuerdo de la junta de la eléctrica, en función de la situación e información existente en aquel momento".
Además, en el caso de haber ganado, se enfrentaba a una más que probable apelación de Iberdrola, por lo que habría tenido difícil ejecutar la sentencia provisionalmente. Para remate, el consejo de administración está herméticamente cerrado, con los 14 puestos reglamentarios ya cubiertos.
Todo indica que la guerra a medio plazo no se va a librar por el consejo de administración, sino en la junta de accionistas. A partir del 1 de julio, fecha en la que será de aplicación la ley antiblindaje, ACS tendría todos los derechos políticos que le corresponden por su 20% del capital (o la participación que pueda alcanzar para entonces).
Más de cuatro años de enfrentamiento
El rechazo de Ignacio Sánchez Galán hacia ACS se remonta al momento en que la constructora que preside Florentino Pérez entró en su capital, a finales de septiembre de 2006. Pero, mientras ACS siguió centrada en su competidora Unión Fenosa (en la que controlaba el 45% del capital) reinó una calma tensa, ya que en aquella situación no cabía la más mínima duda de que ACS no podría participar en la gestión de la eléctrica que preside Sánchez Galán, al ser claramente un competidor, tal como lo establece la lista de operadores principales del sector eléctrico de la Comisión de la Energía (CNE).Durante ese periodo, los administradores de Iberdrola realizaron varias ampliaciones de capital, que obligó a ACS y el resto de los accionistas a realizar esfuerzos continuos para no resultar diluidos. También coincidió con la expansión internacional de la eléctrica, que adquirió la escocesa Scottish Power y la estadounidense Energy East. El conflicto se recrudeció con la entrada de la francesa EDF en Iberdrola, con casi un 3% de derivados, operación tras la cual, Iberdrola atisbó la sombra de ACS. Iberdrola denunció este desembarco en un juzgado de Bilbao y logró que el grupo francés abandonara. Y se hizo guerra abierta tras la venta por parte de ACS de su paquete de Unión Fenosa a Gas Natural, en julio de 2008. Aparentemente libre de sus conflictos de intereses, ACS, con un 12% del capital, intentó entrar en 2009 en el consejo de administración de Iberdrola, que poco antes había bloqueado esta entrada al reducir el número de puestos en el consejo y de cambiar los estatutos para ampliare el mandato de algunos consejeros.Pero la constructora sigue en su empeño. Ha superado ya el 20% del capital y ha logrado sacar adelante la ley antiblindajes que le permitirá ejercer sus derechos de voto sin límite.
Otros incompatibles
En la junta celebrada en Bilbao en marzo, el secretario del consejo de ACS, José Luis del Valle, subrayó que los argumentos utilizados contra la constructora eran una "excusa más" para impedirle su entrada en el consejo. Y enumeró las incompatibilidades que tendrían también la BBK y Bancaja (con un 5% de Enagás, por ejemplo), sentadas en el consejo de Iberdrola. Si la sentencia de ayer prospera, estos accionistas podrían ser declarados incompatibles.
