El problema negado resulta agravado
El pasado lunes, estas páginas publicaban una tribuna del director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria contrarrestando unas manifestaciones mías realizadas a este diario y a la Cadena SER, con motivo de haber publicado el libro Estado fiscal y democracia (la Agencia Tributaria en perspectiva).
No solo es legítimo, sino también obligado que un general defienda a su ejército. En el caso que nos ocupa, la defensa realizada es en gran medida innecesaria.
Lo es porque en el propio libro se realiza una valoración global ciertamente positiva del trabajo desarrollado por la Agencia Tributaria, subrayándose sus principales logros. Llega a afirmarse, porque así lo creo firmemente, que en determinadas facetas de su gestión (ayuda y asistencia a los contribuyentes, empleo de las nuevas tecnologías), la Agencia española es la mejor Administración tributaria del mundo.
Y lo es porque en el libro también se valora de manera positiva a la generalidad de los funcionarios de la entidad y, muy especialmente, la preparación y capacidad de los inspectores de Hacienda. De la función que realizan se destacan su complejidad técnica, su trascendencia social y sus exigencias humanas, afirmándose que en muchos casos es desarrollada con profesionalidad, dedicación y ética intachables.
Expuesto lo anterior, digamos lo que ha revelado la actual crisis de la economía española: negar un problema (aunque sea categórica y reiteradamente) no lo resuelve, lo agrava. Por ello, para el futuro de la Agencia se precisa reconocer tanto que la inspección de tributos no funciona como la gestión o la informática tributarias, como que si la conducta de muchos de sus profesionales es profesional, dedicada y responsable (incluso heroica, según el libro), la de otros no.
En definitiva, tan legítimo y necesario es defender a los funcionarios merecedores de ser defendidos (que son muchos) como reconocer que la inspección de los tributos constituye la asignatura pendiente de la Agencia Tributaria. Salvo que se quiera proceder como explica el politólogo Cagan, para quien, bajo determinadas circunstancias, el hombre tiende a ignorar los problemas que no puede resolver.
Centrémonos en un serio inconveniente ocasionado a los contribuyentes españoles por el funcionamiento de (parte de) la inspección de los tributos.
Prácticamente la mitad de las liquidaciones practicadas por la Inspección resultan no ser ajustadas a Derecho según el criterio manifestado posteriormente por el propio Ministerio de Hacienda, a través de los tribunales económico-administrativos. A ello se añaden las liquidaciones que son más tarde anuladas por los tribunales ordinarios. No siendo el dato brillante en clave interna de la Agencia, resulta especialmente preocupante para el contribuyente dada la ejecutividad inmediata de los actos de liquidación.
En efecto, en tanto transcurren varios años hasta que unos u otros órganos anulan las liquidaciones, el contribuyente tiene que pagar o garantizar el importe de la liquidación, lo que (de poder hacerlo) le ocasiona la inutilización de recursos o el consumo de crédito. Al tiempo, debe soportar los costes de defensa jurídica, así como los intangibles de incertidumbre y envilecimiento del balance (para las empresas).
Pues bien, sucede que hay despachos de la Inspección (no todos), donde los contribuyentes reciben dos propuestas alternativas de liquidación con diferente importe, menor si presta su conformidad, mayor en caso contrario. La consecuencia objetiva es que recurrir la liquidación agrava los costes expuestos lo que, también objetivamente, supone un incentivo a aceptar la inferior, sea o no ajustada a ley.
Lo afirmado es contrastable cuando se asiste a las inspecciones bien como contribuyente, bien como asesor. Con el calificativo que se quiera emplear, convengamos que no es aceptable en términos de seguridad jurídica.
Ignacio Ruiz-Jarabo. Ex director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y presidente de CE Consulting Empresarial