Dos grupos de trabajo estudiarán la reforma a aplicar en el canon digital
Los Ministerios de Cultura e Industria, la patronal tecnológica Ametic y las entidades de gestión de derechos de autor acordaron ayer, en la reunión convocada para tratar la reforma del canon digital, crear dos grupos de trabajo que se ocuparán de evaluar las diferentes soluciones. El plazo para alcanzar un acuerdo es de cuatro meses.
La reforma del canon digital no resultará fácil. "Todo apunta que será un proceso largo", aseguró tras la reunión José Pérez, director general de Ametic, quien aclaró, no obstante, que el encuentro de ayer "fue una simple toma de contacto. No entramos a negociar sobre qué equipos deben o no estar gravados por el canon ni en qué cantidades".
Pérez añadió que con el encuentro se inicia un proceso de revisión de la ley, tal y como prevé la orden ministerial que en su día publicó el Gobierno, y que fijaba unos plazos para ello. Pese a que esto es así, también lo es que el pasado octubre una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal aplicar el canon a empresas y profesionales que adquirieran equipos y soportes digitales para finalidades ajenas a la copia privada, lo cual obliga al Gobierno español a adecuar la legislación nacional a los criterios de la sentencia de dicho tribunal.
Para agilizar todo el trabajo y estudiar posibles soluciones se han creado dos grupos de trabajo, uno centrado en el área de reprografía y otro en el audiovisual. A partir de ahí se fijará un calendario de reuniones (el próximo martes tendrá lugar la siguiente reunión) y el Gobierno tiene cuatro meses para alcanzar un acuerdo entre las partes implicadas (básicamente la industria tecnológica y las entidades de gestión).
Si pasado ese tiempo no logran un acuerdo, la Administración dictará una orden ministerial como hizo en su día, pero antes está obligada a pedir un informe a Economía y Hacienda y al Consejo General de Consumidores y Usuarios. Un proceso que puede llevar otros dos meses.
Fuentes consultadas por CincoDías aseguran que el proceso será largo porque mientras Ametic planea pedir una reducción del número de dispositivos sujetos a canon y la cantidad a aplicar, las entidades de gestión buscan todo lo contrario. "Nosotros simplemente queremos que se aplique la directiva europea y que las cantidades que se fijen sean compensatorias por la copia privada y no que tengan un fin recaudatorio", defiende Pérez.
Rafael Sánchez, portavoz de las entidades de gestión, dijo a Efe que la solución "no es fácil, pero tampoco imposible", y recordó que la sentencia europea "reconoce que el canon es el mejor vehículo para equilibrar el beneficio de los usuarios de hacer copias privadas con el derecho de los titulares a recibir un beneficio por su trabajo". Los participantes, no obstante, destacaron "el buen clima" de la reunión, que sin duda responde a que sobre la mesa está el elemento más polémico, la llamada ley Sinde, que en unos días se votará en el Senado.
Facua califica esta tasa "de injusta"
Mientras Ametic se plantea volver a hacer estudios de hábito de consumo para ver "qué daño causa cada dispositivo, dado que la tecnología evoluciona y su uso también", la asociación de consumidores Facua criticó ayer al Gobierno por haber convocado a esta reunión solo al sector empresarial y que "no tenga en cuenta" la opinión de los consumidores.Su portavoz, Rubén Sánchez, señaló a Europa Press que lo menos que debería hacer el Ejecutivo "es conocer la valoración de los usuarios sobre el canon digital y sobre las alternativas que deberían ponerse en marcha". Para Facua este canon es "arbitrario e injusto", por lo que consideran necesario una reforma, "no sólo en lo que afecta a las empresas y organismos, sino en cuanto a cómo repercute en los consumidores, que pagan un canon por soportes de almacenamiento aun cuando los usan para copia de contenidos propios".