El retraso en la edad de la jubilación
Durante los últimos 30 años se ha venido hablando constantemente de la reforma de la Seguridad Social, si bien ahora se plantea desde el Gobierno el retraso de la edad de jubilación a los 67 años como única alternativa posible a la quiebra económica del sistema.
En primer lugar, tengo serias dudas acerca de si quienes desempeñan una profesión sufriendo las inclemencias del tiempo, las penurias del esfuerzo físico o los rigores del trabajo a turnos serán materialmente capaces de desempeñar su profesión hasta los 67 años con el rendimiento y la productividad exigidas por una economía cada vez más competitiva.
Por otro lado, el 31 de diciembre de 2009 había en España, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, 526.468 parados mayores de 55 años, para quienes la probabilidad de encontrar trabajo es prácticamente inexistente y para quienes el retraso de la edad de jubilación supone el alargamiento de la situación de desempleo.
Desde el Gobierno se aduce como razón para defender el retraso de la edad de jubilación que la natalidad decae y la esperanza de vida es cada vez mayor, de manera que a medio plazo no existirán suficientes cotizantes como para sostener financieramente el gasto en pensiones. Entiendo que este razonamiento es engañoso por diversas razones.
Respecto a la caída de la natalidad, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, en 1998, cuando también se hablaba de la quiebra económica de la Seguridad Social, la relación entre nacimientos y defunciones en España era del 0,011%. Bastaron unos cuantos años consecutivos de bonanza económica para que esa relación llegase al 0,289% en 2008, el año en que estalla la actual crisis. Pero al incremento de los nacimientos debe añadirse la inmigración, de manera que la población española creció en esos 10 años desde 39.852.651 a 46.157.822 habitantes.
Igualmente, el número de trabajadores afiliados en España ascendió desde unos raquíticos 13 millones y medio en 1998 (el 33,87% de la población total) a más de 19 millones en 2008 (41,16% de la población total). Si, como acabamos de ver, tenemos en cuenta el enorme crecimiento de la población española en ese decenio, el crecimiento porcentual de la población activa es especialmente esclarecedor de la capacidad que puede llegar a tener la economía española para generar puestos de trabajo.
Finalmente, no estoy de acuerdo con que la viabilidad del sistema deba juzgarse exclusivamente desde el punto de vista de la relación entre cotizantes y pensionistas. En muchos países de nuestro entorno la Seguridad Social se financia total o parcialmente con impuestos y lo mismo puede hacerse en España. Ello no quiere decir que deban subirse los impuestos, sino que se trata de establecer prioridades políticas de gasto. Si estamos de acuerdo en considerar la Seguridad Social como un gran logro social, prioricemos el mantenimiento de sus prestaciones.
En definitiva, pese a lo que nos digan, no estamos ante un problema matemático en el que solo cabe una solución, sino que estamos ante un problema político en el que caben distintas soluciones, que dependerán de las prioridades que se establezcan por los gobernantes.
José Andrés Álvarez Patallo. Letrado de la Administración de la Seguridad Social y colaborador de Quantor Social