COLUMNA

La furia del converso

Corría el mes de abril cuando el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) abría fuego contra la fotovoltaica, denunciando que había instalaciones solares que producían de noche, conectando grupos electrógenos, para cobrar las primas. La posterior investigación demostró que las acusaciones eran infundadas, pero el daño de imagen ya estaba hecho; todavía hoy se puede escuchar el falso episodio en tertulias radiofónicas.

Por mismas fechas, el MITyC comenzó a sembrar dudas sobre su apoyo a la energía solar, a la que se sumaron no pocos corifeos. Con machacona frecuencia se recordaba públicamente su precio -siempre obviando sus numerosos beneficios y su acusada reducción de costes, del 70% en apenas cuatro años- y se anunciaban recortes retributivos con carácter retroactivo por 1.000 millones de euros.

Falacias y distorsiones han abundado en esa campaña, que no dudo en calificar de acoso y derribo; como resultado, muchas entidades financieras, amedrentadas, ya no financian la fotovoltaica, incluso cuando se presentan garantías corporativas solventes, por la desconfianza generada.

En medio de este clima enrarecido se celebraron las reuniones para definir la nueva regulación fotovoltaica. Desde el principio quedó patente la desinformada actitud de la cúpula ministerial, cerrada, cuando no displicente, ante cualquier argumentación. Enseguida comprendimos que debíamos ofrecer alternativas para evitar la ruina del sector fotovoltaico español.

La mayoría de nuestras propuestas fueron, sencillamente, recordatorios de que había herramientas legales para reducir el peso de la fotovoltaica en la tarifa eléctrica en muchos millones de euros, posiblemente hasta esos 1.000 exigidos, sin necesidad de adoptar medidas extraordinarias y vulneradoras de la seguridad jurídica.

Así, le recordamos al MITyC que, dos años atrás, se habían producido irregularidades y que había un importante número de instalaciones percibiendo una retribución que no les correspondía; que podía -y debía- ejecutar los avales de las instalaciones adjudicadas y no ejecutadas durante los últimos dos años, y que era necesario racionalizar la reciente práctica de incrementar la potencia pico de las instalaciones sin modificar su potencia nominal.

Solo en el primer caso nos escuchó, y parcialmente, pues ofreció una amnistía para las plantas irregulares -reducir las primas a los confesos un 30% en vez de suprimírselas- con la que se han obtenido ahorros de apenas 17 millones anuales. Todavía está por ver que se vaya a adoptar alguna medida contra las plantas, que, sin estar en regla, no se acogieron a la amnistía; la CNE ya ha terminado dos inspecciones -la anual de oficio y otra extraordinaria sobre casi 1.000 MW sospechosos- sin que haya noticias al respecto.

En julio, el MITyC rompió las conversaciones e inició la tramitación del Real Decreto 1565/2010. Aprobado en noviembre, además de contener medidas retroactivas y discriminatorias para la fotovoltaica, reduce la retribución de las nuevas plantas hasta un 45%, haciendo muchas de ellas inviables. Unida a la desconfianza creada, esta norma puede reducir a casi la mitad el volumen del mercado solar durante los próximos años.

Y en Nochebuena, por si no era suficiente, se aprobó el Real Decreto-Ley 14/2010, que limita las horas operativas con derecho a recibir las primas. No se trata de una medida testimonial, como ha ocurrido -sentando precedente- con eólica y termosolar, sino causante de grave quebranto. Durante los próximos tres años, la retribución del 90% de las instalaciones fotovoltaicas bajará un 30%; para el resto (y para ese 90% cuando haya pasado el castigo de los próximos tres años) bajará un 10% durante toda su vida útil. Como todas las instalaciones están sin amortizar, la que no consiga renegociar su deuda financiera, quebrará.

El MITyC afirma que limitar las horas y no reducir directamente la tarifa ni atenta contra la confianza de los inversores ni es ilegal. Pero tan seguro no debe estar cuando incluye la medida en un RDL, muy protegido contra actuaciones judiciales. En cualquier caso, como van a llover miles de demandas reclamando responsabilidad patrimonial al Estado, averiguaremos lo que opina la justicia próximamente, igual que comprobaremos qué quedan del mercado y del sector fotovoltaico español.

Visto a toro pasado, el MITyC solo ha atacado ferozmente a la fotovoltaica; aparentemente, los problemas energéticos del país se centraban en esta energía solar. Ha obviado muchas de las soluciones legales que le aportábamos para conseguir los 1.000 millones y se ha empleado a fondo, con la furia del converso, porque este Gobierno, si algo era, era un Gobierno pro solar.

Javier Anta. Presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)