Disciplina también en las regiones
Las 17 comunidades autónomas arrojaban hasta septiembre un déficit conjunto del 1,24% del producto interior bruto, según los datos presentados ayer por la vicepresidenta de Economía, Elena Salgado, arropada por cuatro consejeros autonómicos (dos del PP y dos del PSOE). Se asegura así el compromiso adquirido por el Gobierno ante Bruselas de reducir el desfase global del Estado -previsto en el 9,3%-, pero muy especialmente la parte alícuota de las autonomías, equivalente al 2,4% del PIB. No obstante, hay que esperar al comportamiento del último trimestre, cuando se concentran una buena parte de los pagos públicos.
Los mercados deberán valorar la seriedad que supone haber reconducido el déficit en dos puntos porcentuales en un solo año y, sobre todo, confiar en la decisión del Gobierno para cumplir y hacer cumplir al resto de las Administraciones con la austeridad. Esto último es un avance considerable, ya que se ha generado desconfianza tanto dentro como fuera de España sobre la capacidad y voluntad de los ejecutivos regionales para reducir su importante gasto y sanear las cuentas.
La publicación ayer, por primera vez, de los déficits de las autonomías de forma conjunta y homologada es un acierto altamente oportuno. Hasta ahora, muchas daban los datos, pero no de forma homogénea, lo que impedía comparar exactamente la evolución de las cuentas autonómicas, tanto individuales como del conjunto. La decisión de hacer la publicación trimestralmente es una necesidad que sorprende solo porque no se ha tomado antes. Lo malo sería que se actúe ahora solo por la presión de unos mercados desconfiados y amenazantes, y no por la ineludible voluntad de rendir cuentas a todos los españoles del uso de los fondos públicos. Tampoco se entiende por qué el Gobierno central presentará cada mes las cuentas de ejecución y los autonomías cada tres meses. Porque cuando la inestabilidad puede hacer subir 100 puntos básicos en solo una semana el coste de la deuda soberana, cualquier paso hacia la transparencia y la buena comunicación es imprescindible.
Al margen del efecto sobre los mercados, el conocimiento comparado de los déficits regionales desnuda a cada una de estas Administraciones. No es aceptable que los déficits pivoten entre el 4,69% (medido sobre su PIB regional) de Castilla-La Mancha -la más manirrota- y el 0,29% de Navarra. La decisión de castigar a las incumplidoras (se incluye también a Murcia) evitando emisiones de deuda es incuestionable, pero no suficiente. El Gobierno debería disponer de otras medidas, como retener entregas a cuenta o establecer techos de gasto, como Bruselas tiene mecanismos contra los Estados miembros que superen el 3%. Ninguna Administración debería poder elegir a voluntad si cumple o no con sus obligaciones presupuestarias.
