Zapatero baraja alternativas para retrasar la jubilación sin hacer explícitos los 67 años
El Gobierno baraja diversas fórmulas para cerrar un texto del proyecto de reforma de las pensiones que aprobará el próximo 28 de enero que le permita sumar los apoyos de CiU y PNV y, si es posible, el PP. La idea es que dicho texto no fije una entrada en vigor efectiva e inmediata de la ampliación de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, sino que la plantee a través de un retraso "progresivo" en función de la evolución de la esperanza de vida de los trabajadores.
Según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias, el Ejecutivo, a través del Grupo Socialista, está aprovechando las últimas reuniones para la redacción del informe del Pacto de Toledo, que podría cerrarse este mismo martes, para sondear a los grupos en busca de apoyos a unas propuestas que ya se han encontrado con el rechazo frontal tanto de las minorías de izquierda como de los sindicatos.
La opción que está planteando el PSOE a los grupos es que el proyecto de ley justifique el retraso "progresivo" de la edad legal de jubilación en función de unos coeficientes establecidos según las "estadísticas demográficas" de la evolución de la esperanza de vida. No obstante, la aplicación práctica de este texto seguiría siendo el acercamiento a los 67 años, objetivo irrenunciable para el Ejecutivo, según interpretan los grupos parlamentarios.
El pasado viernes, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recalcó que el Ejecutivo mantiene su propuesta de que la edad de jubilación legal se amplíe desde los 65 a los 67 años, aunque con "factores de flexibilidad razonables", y confía en poder "convencer" a los partidos políticos de la necesidad de acometer esta medida. "Esa será nuestra propuesta, pero antes queremos hablar con todos los grupos políticos", insistió.
Así, el Ejecutivo trata de encontrar un texto que, sin suponer un abandono de sus intenciones del Gobierno de elevar dos años la edad legal de jubilación, permita el apoyo de otros grupos, en especial los nacionalistas catalanes y vascos, que se han mostrado muy reacios a esta posibilidad, hasta el punto de que las recomendaciones del Pacto de Toledo incluirán una mención expresa a la falta de acuerdo en este punto.
IU alerta de un recorte de 16% en pensiones
Aparte de la edad de jubilación, el Gobierno también ha avanzado sus propuestas para concretar en el futuro proyecto de ley uno de los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión, el referente a la ampliación al período de cálculo de las pensiones por encima de los 15 años.
El Gobierno no ha definido todavía hasta dónde se extendería, si hasta 20 o 25 años, aunque descarta por completo que alcance a toda la vida laboral, pero sí se baraja que el umbral aumente seis meses cada año a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Sin embargo, las minorías de izquierdas de la Cámara ya han dado una respuesta negativa a esta posibilidad. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien aseguró el viernes que las propuestas del Gobierno suponen una rebaja de al menos un 16% para las pensiones futuras, un 6% sólo por aumentar cinco años el cálculo de la base reguladora, y el 10% restante por ampliar la edad de jubilación a 67 años.
El PSOE recula para compatibilizar salario y pensión
El interés del PSOE en ganarse el apoyo del PP más allá de su desencuentro sobre la edad legal de jubilación ha quedado patente en las últimas reuniones de la Comisión, en las que se han acabado incorporando al borrador del informe propuestas de los ''populares'' que en un primer momento el PSOE había desechado por completo.
Es el caso de la idea de que la reforma de sistema de pensiones facilite que se compatibilice la pensión de jubilación con un salario, con el objeto de fomentar la "reinserción" de los mayores de 65 años en el mercado laboral y la ampliación voluntaria de la vida laboral, que finalmente sí formará parte de las recomendaciones, tal y como confirmaron a Europa Press en fuentes del PP.
Los grupos revisarán este borrador este martes, con la idea cerrar un texto que pueda ser sometido a votación en el Pleno del Congreso en la última semana del año, previsiblemente el 28 de diciembre.