Conflicto en el espacio aéreo

Los controladores se niegan a declarar ante la Audiencia de Madrid

Los 12 controladores que acudieron ayer a la Audiencia Provincial de Madrid se negaron a declarar al considerar que la Fiscalía de Madrid no es competente. El colectivo entiende que tras la militarización del control aéreo y la declaración del estado de alarma no deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria, sino por la militar.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, explicó ayer que si siguen la misma línea de no prestar declaración se dejará de citar a los próximos controladores para "evitar dilaciones" y se pedirá que se traslade la denuncia a un juzgado ordinario. El fiscal se ha mostrado contrario a que esto se investigue por la jurisdicción militar al estimar que los hechos se produjeron antes de que el Gobierno decretara la militarización del aeropuerto. Además, ha rechazado que la competencia corresponda a la Audiencia Nacional al no prever el delito de sedición, recogido en el artículo 91 del Código Penal Militar. Esteban especificó que son 175 los controladores que se ausentaron de sus puestos en Madrid.

El gestor aeroportuario AENA aseguró en una nota que entre la tarde del viernes y la mañana del sábado un total de 440 controladores abandonaron sus puestos. Según el organismo, el sindicato USCA "intenta engañar a la opinión pública negando que la decisión de los controladores aéreos de abandonar masivamente sus puestos de trabajo fue lo que obligó a cerrar el espacio aéreo". "No contentos con haber secuestrado a cientos de miles de ciudadanos ..., el sindicato de controladores intenta seguir engañando a la opinión pública afirmando que ningún controlador abandonó el viernes su puesto de trabajo y que AENA ordenó innecesariamente cerrar el espacio aéreo", agrega.

El fiscal avisa de penas de ocho años

El fiscal general Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado que los que faltaron a sus puestos de trabajo los días 3 y 4 se enfrentan hasta a ocho años de prisión por un delito de sedición. Conde-Pumpido presidió ayer la Junta de Fiscales en Zaragoza, durante la cual se trató por vía de urgencia el conflicto. El magistrado recalcó que el abandono colectivo de un aeropuerto y la paralización del tráfico aéreo suponen un delito "muy grave" y apuntó que los hechos a partir de las 13.00 horas del pasado sábado serían enjuiciados por la jurisdicción militar.