Gallardón cifra en más de 140 millones las pérdidas económicas por el caos aéreo
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho hoy las pérdidas para la ciudad por la "huelga salvaje" de los controladores aéreos del pasado fin de semana ascienden a unos 140 millones de euros.
En rueda de prensa tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno, el alcalde ha citado estimaciones de los sectores empresariales afectados sobre las pérdidas relativas a la actividad del aeropuerto de Barajas, el negocio turístico, la actividad comercial y hostelera y los madrileños que querían viajar y no han podido.
Ruiz-Gallardón ha manifestado que "la huelga ha hecho mucho daño a Madrid y ha tocado uno de los pilares de la economía de la ciudad, y lo ha hecho a través de uno de sus iconos, el aeropuerto de Barajas, la estructura e infraestructura que tiene mayor impacto en la economía de Madrid".
Ha advertido de que el turismo "es un sector que se mueve mucho por percepciones, por sensaciones, y la imagen de marca que ha proyectado España, y Madrid por el aeropuerto, puede afectar de una forma importante al turismo exterior".
Esperanza Aguirre pide una Ley de Huelga
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha insistido en la necesidad de desarrollar una Ley de Huelga después de la situación de caos aéreo que se vivió en los aeropuertos españoles a causa de las "bajas masivas" de los controladores, y ha considerado que "no puede tomar como rehenes a los ciudadanos"."Me parece absolutamente intolerable que las únicas vacaciones que muchas familias iban a tener se frustraran porque unos señores abandonaran su puesto de trabajo. Hemos sufrido aquí en el mes de junio la huelga salvaje en el Metro y francamente creo que no se puede tomar como rehenes a los ciudadanos", ha afirmado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.Por ello, ha reclamado la redacción de una Ley de Huelga y que "se cumpla" lo que establece la Constitución; es decir, que "la Ley debe regular el ejercicio del derecho a huelga".Aguirre, que no ha querido entrar en la cuestión jurídica sobre si el Gobierno actuó bien o mal declarando el Estado de Alarma, ha insistido en que "no se puede aceptar" que unos señores abandonen su puesto de trabajo, "por muy maltratados que se sientan". "La mayoría de los españoles además considera que no están tan mal tratados", ha apostillado.