Conflicto en el espacio aéreo

La Junta de Fiscales verá mañana cómo coordinar la disputa

La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, presidida por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, estudiará en su próxima reunión prevista para mañana jueves el tratamiento jurídico que adoptará ante el conflicto planteado por los controladores aéreos, informó ayer en una nota de prensa.

Por el momento, las fiscalías de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Islas Canarias y Asturias ya han incoado diligencias penales por este motivo. En concreto, la Fiscalía de Madrid ha citado los próximos jueves y viernes a cerca de 30 controladores a quienes tomará declaración antes de determinar si han incurrido en algún tipo de delito.

La Fiscalía de Galicia y la de Cataluña también han anunciado la apertura de diligencias penales contra los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo.

La reunión, que se celebrará en Zaragoza en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, abordará la coordinación de la respuesta de la fiscalía, para "garantizar la unidad de criterio en la aplicación de la legislación vigente por parte de las diferentes comunidades, que deberán determinar con la práctica de diligencias la responsabilidad de los controladores que incumplieron sus obligaciones".

La junta, por otra parte, analizará en su reunión diversos aspectos concretos de la reforma del Código Penal que entrará en vigor el 23 de diciembre, así como el real decreto por el que se amplía para el próximo año 2011 la plantilla del ministerio fiscal.

Ayer, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional una denuncia contra el sindicato de los controladores aéreos (USCA) y contra los responsables de los que abandonaran sus puestos de trabajo.

Trabajos

l La Fiscalía de Madrid ha citado el jueves y el viernes a cerca de 30 controladores a quienes tomará declaración antes de determinar si han incurrido en de delito.

l Los órganos de Galicia y Cataluña también han anunciado la apertura de diligencias penales.