EDITORIAL

Un ejemplo de lo que se debe hacer y evitar

La huelga encubierta y desmedida de los controladores aéreos del pasado fin de semana ha sido uno de los mejores ensayos de resistencia para las instituciones administrativas y gubernamentales, para la legislación, para la capacidad de resignación y encaje de la ciudadanía y para un colectivo laboral acostumbrado a poner de rodillas a todos los citados antes cada vez que sentían la más mínima amenaza de su privilegiado estatus y autonomía. El Gobierno ha tratado de desenredar un conflicto heredado que se había convertido en una inmensa bola de nieve que, cada vez que se ponía en movimiento, amenazaba con provocar algo parecido a lo que ha ocurrido este fin de semana. Aunque a veces ha transmitido la sensación de que sobreactuaba buscando protagonismos políticos indeseados, el Ejecutivo ha echado mano de la contundencia para atajar la soberbia de uno de los colectivos laborales más corporativos de cuantos hay en el seno de la sociedad, y que habían convertido, por dejación imperdonable de administraciones anteriores, su trabajo en sus dominios, en un pequeño Estado dentro del Estado, al que gobernaban como una taifa, con abstracción del entorno.

Con remuneraciones escandalosamente altas, de todo punto injustificadas por la calidad de su desempeño, los controladores del tráfico aéreo han ejercitado esta vez toda la potencia de tiro que se les supone y que hasta ahora únicamente esgrimían para doblegar voluntades, tando de los gobiernos como de la ciudadanía que soporta con las tasas que financia sus remuneraciones, y que se convierte en involuntario rehén de sus chantajes sindicales.

El pulso planteado ahora, con la ausencia súbita del trabajo de todo el colectivo, como si de un sólo operador se tratase, ha forzado al Gobierno a abandonar los paños calientes y a poner sobre la mesa todos los instrumentos de los que dispone. Ha utilizado todos los resortes que permiten las costuras nunca exploradas de la Constitución para hacer cumplir con su obligación a los operarios del control aéreo.

Es llamativo forzar mecanismos de carácter militar que se mantendrán durante al menos hasta Navidad, y que bien podrían prorrogarse después, para solventar simples conflictos laborales. Hoy nadie duda de que el Gobierno no tenía otra salida, y que el miedo a someterse a los rigores de la jurisdicción militar ha ablandado a tipos tan duros como los controladores y ha logrado resolver, al menos de momento, un conflicto que amenazaba con erosionar de manera irreversible la imagen de una economía que no atraviesa por su mejor momento.

El Gobierno debe explicar en el Parlamento los pormenores y circunstancias que le han llevado a los extremos vistos el fin de semana, pero que han enseñado el camino a seguir a otros gobiernos europeos que cada cierto tiempo son también vapuleados por los controladores u otros colectivos laborales con descomunal poder de presión. Pero debe asegurarse de que dispone del control de la situación por medios civiles y normativas laborales para levantar el muy poco común, el excepocional, estado de alarma decretado el sábado. Debe, de igual modo, ir hasta el final en los expedientes disciplinarios abiertos a los controladores, culminando todos en las sanciones pertinentes, desde las suspensiones de empleo y sueldo hasta los despidos, y, porqué no, hasta la inhabilitación para ejercer servicio público alguno si fuere menester. Este órdago no puede salirles gratis a los controladores.

Pero no puede, ni el Gobierno ni el país, dejar pasar uno de los episodios más graves de desobediencia civil y presión laboral que se recuerda, sin resolver de una vez por todas las lagunas que en la legislación del derecho de huelga dan alas a este tipo de comportamientos. No es posible que el juego de dos de los derechos más sagrados que tienen los trabajadores, como son el de hacer huelga o el de acudir al trabajo si así se desean cuando hay huelga, sigan regulados por un simple decreto remendado reiteradas veces por sentencias judiciales.

Este último brote de conflictividad en el control del tráfico aéreo surge cuando el Gobieno, tras muchas dudas, ha abierto el proceso de privatización parcial de los servicios aeroportuarios. En ningún caso debe frenarlo, y si fuere posible, debe ampliar el foco para dar pasos más firmes hacia la gestión privada tan común en Europa.