El estímulo a la pyme y el recorte del gasto, retos de la legislatura

El próximo presidente de la Generalitat afronta cuatro años para recuperar el papel de Cataluña en Madrid.

Siempre se ha considerado que Cataluña es tierra de pymes. Según los últimos datos de la Generalitat, el censo total de empresas se sitúa en 619.678 empresas (datos correspondientes a enero de 2010), el 55,3% de las cuales no cuenta con ningún trabajador asalariado. Otro 38,8% mantiene entre uno y nueve empleados. Esto supone que el 94% del panorama está formado por microempresas. La crisis ha diezmado el tradicional motor empresarial, debido especialmente a la caída del mercado interior. La elevada tasa de paro ha disparado la economía sumergida, mientras las exportaciones han tomado el relevo de la escasa actividad en los últimos meses. La ausencia de crédito lastra la recuperación. Bancos y cajas aseguran que el problema es inverso, que no existen proyectos solventes para financiar. Pero la cuestión es que entre unos y otros, las empresas pequeñas, medianas y algunas de mayor tamaño posponen los pocos proyectos de inversión que se atreven a plantear.

El estímulo a la empresa. Este será el primer reto que se encontrará el próximo presidente de la Generalitat. No volverá a crearse empleo si la maquinaria empresarial no vuelve a funcionar. Todos los programas de las fuerzas políticas con representación parlamentaria han incluido acciones para reanimar al tejido empresarial, con un creciente protagonismo de la administración. Así, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el ICO local, deberá incrementar su actividad, en especial en el sistema de avales, que ha sido desatendido por la sociedad de garantía recíproca que opera en Cataluña, Avalis. Tal como está la situación, incluso parece que peligra la reactivación exportadora. La queja generalizada a las dificultades para conseguir una buena póliza de seguro para operar con garantías en los mercados internacionales se ha convertido en una amenaza. Por eso, la asociación que aglutina los principales exportadores, Amec, ha pedido explícitamente una mayor presencia y acompañamiento del ICF y de la agencia Acció para facilitar la implantación internacional.

A pesar de todo, algunos indicadores empiezan a repuntar. La creación neta de empresas en Cataluña ha crecido un 0,4% en el segundo trimestre por primera vez en los últimos tres años, según datos del departamento de Trabajo. En concreto, han iniciado su actividad 25.059 compañías. Hay que descontar la mortalidad de 22.397 sociedades, pero en cualquier caso la resta ya es levemente positiva.

El recorte del gasto público. La segunda de las prioridades, reconocida también por todas las fuerzas políticas, tanto por las que han gobernado en la legislatura recién concluida (PSC, ERC e ICV-EUiA) como por las principales de la oposición, CiU y PP. La crisis internacional aconseja políticas de austeridad, aunque puedan poner en peligro los presupuestos del ICF. Ante la dificultad de encontrar un equilibrio, el nuevo equipo económico del Gobierno catalán deberá afrontar el mantenimiento de los servicios, con la obligada reducción del peso de la administración. Esto es lo que piden los empresarios. La semana pasada, el presidente de Foment, Juan Rosell, señaló que sobran diputaciones, consejos comarcales, e incluso ayuntamientos. Se trata de adelgazar la estructura de todas las administraciones.

Deuda y bonos

La deuda viva de la Generalitat se situaba en junio pasado en los 29.503 millones. Con todo, Cataluña cumplirá con los objetivos de déficit fijados en el 2,4% del PIB. De esta forma, las turbulencias en los mercados financieros internacionales han añadido el problema de la financiación de la tesorería de la administración. La reciente emisión de bonos de 3.000 millones permitirá cerrar el año con cierta dignidad, pero las necesidades a corto plazo seguirán el año próximo. El consejero de Economía, Antoni Castells, han desmentido por activa y por pasiva que el próximo presidente encuentre la "caja vacía", pero parece claro que los vencimientos de deuda del año próximo serán costosos. De los 27.226 millones de euros de emisiones de deuda autorizadas para el conjunto de autonomías, Cataluña solicitó el 35%, mostrando las necesidades de financiación.

En otro orden de cosas, el nuevo Gobierno catalán afrontará el desarrollo de lo que queda del Estatut, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque CiU y ERC han planteado una nueva frontera negociadora, consistente en el pacto fiscal, una especie de concierto económico para gestionar todos los tributos. Independientemente de si estos dos partidos llegan a la Generalitat, todo el mundo coincide en reconocer que ha aumentado la conciencia sobre el elevado déficit fiscal existente en Cataluña, que se visualiza especialmente en las inversiones en infraestructuras. En este sentido, en las últimas semanas, el tripartito ha potenciado los acuerdos de traspasos, destacando la gestión de los trenes regionales.