Cataluña, en campaña
Cataluña no está en campaña, pero tiene una campaña electoral en curso. Se espera que en el Parlament entren seis o siete partidos. Tres llevan dos legislaturas gobernando en coalición. Ahora, que se conocen más, se critican suavemente y afirman que no repetirán la experiencia, así ahorran justificar la alianza y su persistencia. Los demás contendientes tampoco son especialmente acerbos, especialmente en temas económicos. Por su parte, a la población le importa la economía, el empleo, la salida de la crisis y el buen gobierno.
Desde 2000 hasta el tercer trimestre de 2010, el Instituto Nacional de Estadística aporta datos, consistentes, coherentes y amplios, sobre la actividad económica. En el año 2000 había en Cataluña 492.546 empresas frente a las 2.595.392 del conjunto de España, esto representaba el 18,98%, según datos del Directorio Central de Empresas (Dirce). Tras un aumento del 25,8%, en 2009 el porcentaje de empresas catalanas sobre el total estatal se situaba en el 18,46%. En el grupo de empresas de más de 1.000 empleados, en Cataluña el número subió desde 105 a 166, esto es un 18,1%, mientras que en España se pasó de 467 a 789, con un aumento del 68,95%, por lo que la cuota de Cataluña pasó del 24,24% al 21,98%.
La aportación relativa de Cataluña a la actividad económica española, medida por el PIB, según la contabilidad regional de España en el periodo 2000-2009, se redujo apenas un 0,31%, pasando del 18,9% al 18,59%. Lo relevante en esto está en el descenso del peso de la industria, 0,52%, y de la energía, 2,94%, mientras que construcción y servicios subían un 0,52% y un 0,27%, respectivamente. La mayor aportación la hizo el rublo de agricultura, ganadería y pesca que pasó del 8,41% al 9,98% del total de la producción española. Es un rasgo curioso conseguido gracias a un proceso continuo de aumento en el volumen de producción, pero sobre todo en la mejora de la calidad.
La situación laboral en Cataluña (17,67% de paro EPA, de media enero-septiembre 2010) es más favorable que la del conjunto estatal (19,98%), especialmente si se considera que su tasa de actividad -porcentaje de población en edad activa que está ocupada o buscando empleo- es el 62,83% frente al 60,0% en el conjunto estatal. Las diferentes Administraciones de la comunidad autónoma han aumentado el número de sus funcionarios y empleados, mientras desde enero 2009 hasta final de tercer trimestre de 2010 desaparecieron 26.670 empresas, según datos del Dirce. Paralelamente, el número de empresas concursadas en el tercer trimestre de 2010, según datos del INE, fue, en Cataluña, de 245, que suponen el 25,4% del total de España (964) y apuntan a más expedientes de regulación de empleo que incrementarán el paro involuntario.
El número de agencias, observatorios, institutos y entes afines supera los 200. Se habló, hace meses, de una reducción drástica que afectaría a 70 de estas entidades, pero no se llevó a cabo y actividades destacadas de una consejería relevante se reorganizaron como agencia. No hay debate sobre este tema y tampoco lo hay sobre las empresas participadas por varias Administraciones que actúan como si fueran privadas.
La mejora en la gestión en cuanto a mejor calidad de prestaciones y reducción de costes no se debate. La transubstanciación de las cuatro diputaciones provinciales que se convierten en siete veguerías, pero de momento, con petición formal de otra, indican que los conceptos de ahorro, eficiencia y calidad esperan su turno. Sin embargo, en la Administración hay personas capaces, inteligentes y bien formadas que ya han elaborado las pautas para la mayor calidad, claridad y simplificación de las normas, para hacerlas fáciles de cumplir y supervisar. España perdió la iniciativa comunitaria Better Regulation, que ahorra costes y aporta eficiencia. Aunque llegue tarde será mejor que nunca.
Los votantes catalanes creen en su país. Suscriben emisiones de deuda pública estatales y territoriales, respetarán a su Gobierno, que esperan sea respetable, sobrio, transparente y eficaz. Saben que tienen buena atención médica, que se ha mejorado en infraestructuras, pero que hacen falta más. Quieren mejor educación, mejor asignación de recursos y menor fiscalidad. Saben que, por tener más renta, pagan más que las comunidades menos favorecidas y les parece lógico, sin embargo esperan que en la redistribución haya equidad y no superposiciones de transferencias.
Joaquín Trigo Portela. Director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional