Déficit de tarifa para el Estado

La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de otorgar al déficit de tarifa la misma categoría que la deuda del Estado a la hora de obtener liquidez en su ventanilla, es una buena noticia que podría hacerse oficial hoy mismo.

Los técnicos del Ministerio de Economía la recibieron verbalmente el viernes y también los responsables del Banco de España, de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la CNMV, que podría aprobar esta misma semana el folleto de la emisión, que permanece registrado en sus dependencias desde hace ya dos meses.

El trámite del BCE era el último paso (condición 'sine qua non' de los bancos colocadores de la deuda eléctrica) para desbloquear uno de los problemas más acuciantes del Gobierno y de las cinco grandes eléctricas, (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España) que mantienen en sus balances un derecho de cobro de 17.624 millones de euros (aunque cobran intereses de un 5%) por subidas insuficientes de la tarifa desde 2006. Las anteriores, desde el año 2000, fueron titulizadas en su día por las propias empresas y, en menor medida, por la CNE y se pagan diferidas a 15 o 20 años en la factura eléctrica.

La noticia no es sólo positiva para las empresas, que, de fracasar la colocación de esta deuda, se habrían anotado las correspondientes salvedades en sus cuentas, sino también para los consumidores eléctricos que son los acreedores (involuntarios) de la misma. Al obtener la máxima categoría de la autoridad monetaria europea, esto es, la que se otorga a la deuda emitida por los Gobiernos centrales, se podrá colocar más barata y los consumidores pagarán menos intereses por una hipoteca cuyo pago se diferirá en 15 años, a contar desde que se vayan cerrando cada una de las emisiones de bonos de un programa que suma 25.000 millones, según el folleto. La última subasta del déficit, realizada por la CNE sin el aval público, se adjudicó a un tipo de interés para los clientes del 6%.

Pero la cruz de esta moneda es que la deuda que ahora soportan las empresas es tan elevada que, aunque se vaya a aplazar, su encaje en la tarifa de acceso se traducirá inevitablemente en subidas progresivas de la factura eléctrica. Esa tarifa, o peajes por el uso de las redes, es la que financia el déficit y la pagan la totalidad de los usuarios, por lo que la última solución liberalizadora aireada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, de rebajar el número de consumidores con derecho a la tarifa doméstica (la TUR que se aplica al coste de la energía y sube de forma imparable) es del todo inservible en este caso.

Sangría imparable

La decisión del BCE llega tras la intercesión del Banco de España y el Ministerio de Economía para que el emisor europeo otorgase la máxima categoría a la deuda eléctrica, a lo que se había venido resistiendo. Se ha llegado a asegurar que su primera decisión fue colocarla en quinto y último lugar (el que se otorga a las titulizaciones), aunque fuentes solventes apuntan a que la ubicó en la tercera categoría. Los bancos colocadores, se negaron a suscribirla sin la consideración de deuda del Estado. Sea como fuere, los expertos consideran que los mercados financieros y las agencias de rating la computarán como tal y afectará a la prima de riesgo española, pues su deuda se verá incrementada en la proporción de una deuda eléctrica imparable.

Aunque a 31 de diciembre de 2009 los derechos de cobro por los déficit acumulados sumaban 17.624 millones, el déficit sigue desbocado y el propio Gobierno admite por ley otros 5.000 millones entre 2010 y 2012, que ya se está sobrepasando con creces (eso sí, lo que exceda de ese límite debe cobrarse directamente en la tarifa con los consiguientes incrementos).

El viernes las eléctricas mantuvieron un silencio absoluto como modo de conjurarse contra cualquier traspiés. También para respetar la confidencialidad solicitada por el Gobierno sobre los contactos que han mantenido en los últimos días. En ellos, según fuentes próximas al Ejecutivo, éste habría pedido algunas contraprestaciones a las compañías a cambio de su esfuerzo ante el BCE. Quizás una quita del déficit de tarifa o, para el caso de las tres grandes del sector, que retiren los recursos contra el real decreto del carbón que mantienen ante el Tribunal Supremo y el de Luxemburgo y que han bloqueado las medidas de apoyo a la minería.

Un alivio para Industria, que cerraría así uno de los muchos frentes que tiene abiertos, como el del ajuste de la factura de las renovables que, de momento, se ha saldado con un recorte de primas para las fotovoltaicas de nueva creación, después de la imposibilidad de rebajárselas a las que funcionan.

En este caso, el Ejecutivo ha tirado de sus armas legales para resolver la ecuación: si no caben más primas en la tarifa y no es posible jurídica o económicamente recortar las de las plantas ya en marcha, sólo cabe aplicar la tijera sobre las que tiene potestad legal.