La nueva norma acaba con un año de dudas en la industria fotovoltaica
El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente hoy la nueva regulación para la energía solar fotovoltaica. Tal y como se quedó zanjada la negociación en julio, las nuevas instalaciones en suelo cobrarán un 45% menos de prima que las actuales.
Al final, la primera de las energías renovables que verá cerrado su año de incertidumbre regulatoria en el Boletín Oficial del Estado será la solar fotovoltaica. El Consejo de Ministros aprobará hoy previsiblemente las condiciones para las nuevas instalaciones de esta tecnología, tal y como avanzaron fuentes gubernamentales, y algunos detalles para otras energías. En principio, según fuentes del sector, la normativa eólica y termosolar estaría aún pendiente del dictamen del Consejo de Estado.
A falta de conocer el texto completo aprobado, en principio, el Gobierno dará luz verde a la reducción de la retribución para las nuevas instalaciones. En concreto, tal y como se zanjaron las negociaciones entre las asociaciones del sector y el Ministerio de Industria en agosto, las plantas en suelo cobrarán un 45% menos de la prima actual, que asciende a 25,8 céntimos por kilovatio y hora (kWh). Las instalaciones grandes en cubierta verán reducida su retribución de 28,6 céntimos por kWh en un 25% y las plantas pequeñas en tejado, en un 5%, desde los 32 céntimos actuales.
Además, el texto del futuro real decreto limita el derecho a la percepción de prima equivalente para las instalaciones fotovoltaicas a los 25 años de vida útil, mientras que, con la anterior regulación, seguían cobrando una retribución aunque menor. Aunque las asociaciones aseguran que esta medida tiene "un claro carácter retroactivo" y por lo tanto, "es claramente inconstitucional", fuentes gubernamentales avanzaron que "el dictamen del Consejo de Estado ha validado la legalidad de la norma". A cambio, en el texto enviado por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), no se incluían recortes a las primas que reciben las instalaciones en marcha acogidas al régimen del Real Decreto 661/2007. Esta posible rebaja movilizó a todos los sectores con intereses en esta energía, desde empresas, inversores, bancos o fondos de capital riesgo que vieron peligrar, en su opinión, el retorno y la rentabilidad de sus inversiones, garantizadas por la norma.
Además de esta revisión de las retribuciones, cuyo objetivo es "reducir costes en beneficio de los consumidores", afirmaron, estas mismas fuentes avanzaron que la regulación "persigue mejorar la integración técnica de las instalaciones de fuentes renovables y de cogeneración" además de "simplificar y agilizar los procedimientos administrativos", tal y como ya avanzó el pasado miércoles el director general de Política Energética y Minas, Antonio Hernández. Además, la nueva norma suprimirá el derecho a la percepción de prima para las instalaciones de tecnología eólica y solar termoeléctrica de potencia superior a 50 megavatios (MW). De momento, no hay ninguna inscrita en esta situación.
Las asociaciones de energía fotovoltaica Asif, AEF y APPA ya manifestaron al conocer este extremo que semejante recorte de primas "paralizará totalmente el sector de suelo" durante un tiempo indeterminado, "hasta que los costes bajen lo suficiente como para absorber esa rebaja". Mantienen que la reducción de costes de los procesos y las materias primas aún no se alinean con el recorte.
Queda pendiente por conocer si en el texto definitivo se incluye la no recuperación para convocatorias futuras de los cupos de potencia no ejecutados y el control sobre cambios de titularidad de plantas durante la fase de promoción y construcción hasta incluso 24 meses tras la puesta en marcha, siempre que suponga un cambio en el control del titular.
Una negociación marcada por el déficit de tarifa y el fraude
La nueva regulación para la energía solar fotovoltaica, la tercera en tres años, ha tenido una accidentada negociación que finalizó casi unilateralmente por parte del Ministerio de Industria a finales de julio. El sector tenía en contra el monto del déficit de tarifa porque, pese a cubrir solo el 4% de la demanda energética, recibió más de 2.600 millones de los 6.200 repartidos en retribución al régimen especial. Esta cantidad contribuía a aumentar desproporcionadamente la deuda con las eléctricas.Para recortar esta cantidad, empezó a valorarse una disminución de la retribución a las instalaciones en funcionamiento. El sector, a través de las asociaciones, pidió al Gobierno que investigase y dejase sin prima a las instalaciones irregularmente acogidas a la anterior norma, más beneficiosa económicamente. Sin embargo, a día de hoy, no hay cambios en las primas anteriores ni se han conocido aún la investigación sobre este fraude de la CNE.
El gas, en contra de que el coste renovable lo asuma el sector
El presidente de Enagás, Antonio Llardén, se mostró ayer contrario a que el coste de las primas a las renovables sea asumido por el conjunto del sector energético y ha pedido que se resuelva el "problema" sin "ampliarlo" ni "contaminar" a otras tecnologías. Durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Llardén se mostró partidario de "establecer sistemas de primas a las renovables coherentes con los objetivos de competitividad", según recogía Europa Press.En alusión a la necesidad de que las energías renovables cumplan "la ecuación económica", abogó por que las diferentes tecnologías tengan "viabilidad económica" y por que se desarrollen cuando "la sociedad esté dispuesta a asumir el coste que tiene".Llardén aseguró además que, puestos a primar tecnologías, se deberían cumplir varias condiciones, entre ellas la de que la potencia renovable se integre "a través de subastas, no de concursos", de modo que se premie su eficiencia.
La cifra
25 años será el tiempo máximo que las instalaciones solares fotovoltaicas podrán cobrar la retribución prevista.
