Zapatero intenta sedar a los mercados y promete que hará las reformas aunque sea sin acuerdo
El presidente reconoce su pesimismo sobre una nueva negociación colectiva pactada y garantiza que legislará de inmediato sobre el sector energético
A la velocidad de los acontecimientos, la política económica del Gobierno necesita cada cierto tiempo reinventarse con un relato mínimamente coherente para tranquilizar a los mercados. José Luis Rodríguez Zapatero quiere hacerlo ahora envolviéndolo en lo que ayer denominó "Plan de acción del Gobierno para los próximos 15 meses", iniciativa que hoy viernes estudiará el Consejo de Ministros. Este plan, que acumula mercancía ya conocida, encierra un compromiso firme con el desarrollo de las reformas en vigor, la laboral y la del sistema financiero, así como con las que están por llegar: pensiones y liberalización energética. Y para que el zapato de Bruselas no apriete más, el presidente enfatizó ayer que toda esta agenda se completará hasta el final de la legislatura aunque no cuente con el consenso de sindicatos y empresarios. Objetivo prioritario: sedar a los mercados.
Consciente de que su liderazgo está tocado y su credibilidad bajo mínimos, Zapatero anunció ayer que será Alfredo Pérez Rubalcaba quien pilotará la nueva carta de navegación en el plano social. Esta elección no es casual. El vicepresidente primero encabezará la comisión interministerial que gestionará la reforma de las políticas activas de empleo, un agujero que engulle todos los años casi 8.000 millones de euros y que rinde nula eficacia en el combate contra el paro.
La presencia de Rubalcaba al frente de la agenda social debe servir también para despejar las dudas de quienes en las últimas semanas han llegado a pensar que la reforma de las pensiones puede quedar reducida a una reformita, un temor que desde el nombramiento de Valeriano Gómez como titular de Trabajo ha recorrido también los altos despachos del Ministerio de Economía. De hecho, Gómez ya se ha retratado públicamente en el viraje de la política impuesta por La Moncloa al considerar imprescindible el aumento de la edad de jubilación a los 67 años. El perfil de quien puede facilitar la recuperación de la sintonía con los sindicatos ha sido congelado porque lo que prevalece ahora en el Gobierno es la urgencia en sacar a España definitivamente del saco que compartió antes de mayo con Grecia, Irlanda y Portugal. Las tesis de Elena Salgado, reforzadas desde que Rubalcaba aterrizó en la vicepresidencia primera, se han impuesto sin apenas matices. Mandan los mercados. Las reformas, enfatizó Zapatero, "no tienen marcha atrás".
En este contexto es en el que hay que interpretar la firmeza con la que Zapatero anunció ayer que sacará adelante la reforma laboral sin cambios, modificará las reglas de juego en las pensiones y legislará "de inmediato" para liberalizar el sector energético, con o sin el acuerdo sindical. La recuperación económica, admitió el presidente, es todavía "incierta" y la mejora en el mercado de trabajo es aún tan "débil" que no asegura "un cambio irreversible de tendencia". Otra confesión en el discurso del presidente que es conveniente anotar, por novedosa: "Todos los gobiernos hemos sido incoherentes y hemos tenido que improvisar", le reconoció ayer el presidente al líder del PP, Mariano Rajoy, un aficionado al ciclismo de piñón fijo. "Sin unas elecciones generales será imposible recuperar la confianza. Con la excusa de no perder dos meses de campaña electoral nos quiere hacer perder dos años", le respondió a Zapatero. A fin de cuentas, ¿qué van a ser los 15 meses que restan de legislatura si no es una campaña permanente?, vaticinó Rajoy.
Zapatero ya da por descontado que el PP no comparecerá en ninguna de las reformas pendientes. El presidente lo achaca a la irresponsabilidad de Rajoy y éste a la falta de criterio que percibe en el Gobierno en casi todos los frentes. Hacerse cómplice de la actual política económica en estas condiciones, admiten fuentes del primer partido de la oposición, sería suicida y podría conducir a un escenario tan aparatoso como el que emergería si Rosa Díez se subiera a la tribuna como la alternativa principal a la crisis económica y política. El caos.
Por eso, como alumno aplicado de Bruselas y del dictado alemán, Zapatero anunció ayer que se ha propuesto hacer disciplinadamente los deberes con la ayuda de una estabilidad parlamentaria que agradeció al PNV y a Coalición Canaria y que, después de las elecciones catalanas del domingo 28, puede ampliar con el nacionalismo catalán.
Ampliaciones de capital exentas
En estos deberes, el presidente hizo ayer dos anuncios que pueden aligerar la carga de las empresas. Hacienda generalizará y ampliará hasta 2015 la libertad de amortización para que puedan diferir el pago de Sociedades. También dejará exentas de tributación en Transmisiones Patrimoniales las ampliaciones de capital de todas las sociedades. Son pequeñas concesiones destinadas a fomentar la inversión empresarial y a lubricar los apoyos parlamentarios. El resto de las medidas que integran el relato gubernamental de aquí a 15 meses son ya conocidas y han sido vendidas por el presidente en anteriores comparecencias, con otros envoltorios. Zapatero confía en que la ley de Economía Sostenible pueda aprobarse en unas semanas, se propone culminar la transposición de la directiva de servicios, piensa desarrollar el plan de rehabilitación energética de edificios públicos y el plan integral del vehículo eléctrico, aplicar la ley de Ciencia, acometer el plan integral de política industrial y enviar al Parlamento en el primer trimestre de 2011 la ley de Servicios Profesionales. Hoy verá la luz en el Consejo la nueva ley Concursal.
El calendario para la reforma laboral y la de las pensiones está también definido. En breve, el Ejecutivo regulará las agencias de colocación, ampliará el ámbito de actuación de las empresas de trabajo temporal y modificará el reglamento de los expedientes de regulación de empleo. El 20 de marzo, dará por concluido el plazo para que sindicatos y empresarios acuerden la nueva negociación colectiva. "No somos optimistas respecto a este acuerdo", reconoció.
La agenda de las pensiones también aprieta. En diciembre será el turno del Pacto de Toledo y en enero el de sindicatos y empresarios. En abril, la reforma estará lista, si es necesario con el Gobierno defendiéndola en solitario. El discurso de Zapatero en el último semestre ha cambiado de color, como los camaleones, aunque ya solo mira en una sola dirección: la de los mercados.
El calendario
La agenda del Gobierno hasta el final de legislatural Ley de Economía Sostenible: en trámite parlamentario, será aprobada antes de fin de año.l Reforma laboral: su desarrollo abarcará la modificación de las políticas activas, la regulación de las agencias de colocación, la ampliación del ámbito de actuación de las empresas de trabajo temporal y un nuevo reglamento para los expedientes de regulación de empleo. Son proyectos "inmediatos".l Pensiones: en diciembre, se centrará la negociación en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Enero será el turno para hablar con sindicatos y empresarios. De lo que resulte de estos foros, el Gobierno remitirá la ley al Parlamento para que esté aprobada en abril.
"La reforma energética no puede demorarse"
Justo el día en el que la subcomisión parlamentaria para el estudio del futuro energético publicitó el pacto forjado entre el PSOE, CiU y el PNV, Zapatero hizo un último emplazamiento al primer partido de la oposición para que se sume al mismo por un sentido de la responsabilidad. "Vamos a hacer un último intento para alcanzar un marco de acuerdo y, si este no prospera, nos comprometemos a presentar con carácter inmediato los elementos de esta reforma tratando de conciliar los intereses que están en juego. La reforma es necesaria y no puede demorarse", advirtió el presidente.En todo caso, Zapatero anticipó que el Gobierno definirá en breve las principales medidas a adoptar para reconducir el problema del déficit tarifario y continuará con la liberalización de los mercados minoristas de gas y electricidad reduciendo los consumidores sujetos a la tarifa de último recurso.Este último aspecto es motivo de preocupación en el PP, pues no ve claro de qué forma va a poder garantizarse la competencia entre las diferentes compañías de forma que beneficie al consumidor si antes no se despeja de forma definitiva el problema del déficit de tarifa.En las conclusiones finales aprobadas por la subcomisión parlamentaria se apuesta porque los costes de las energías renovables sean sufragados por el conjunto de los consumidores del sector energético, una circunstancia que abre la puerta a la creación de nuevos impuestos, en contra del criterio esgrimido por las compañías petroleras.