Una política formativa única

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, advirtió ayer que dos cuestiones capitales pueden condicionar el futuro de la economía española: hay que centrar las reformas en la consecución de mejores estándares de competitividad en paralelo a una resolución de la crisis financiera que en absoluto depende solo de nosotros; y hay que armonizar las políticas activas de empleo, para evitar una fragmentación irreversible y perjudicial del mercado de trabajo. No es la primera vez que se pone en cuestión la unidad del mercado en materia laboral, crítica creciente a medida que las comunidades autónomas han comenzado a utilizar de forma particular sus prerrogativas en asuntos formativos. Pero ahora toma una importancia capital, puesto que de ello dependerá buena parte de la recomposición del empleo destruido en la larga crisis que padecemos.

Las directrices cruciales en materia formativa, así como en la educativa, deben estar en manos del Gobierno de la nación. De lo contrario, las diferencias entre comunidades autónomas pueden acentuarse de tal forma en el mercado laboral, pueden ser tan localistas, que condicionarán también la evolución de la renta, generando en el medio y largo plazo una fotografía cada vez más poliédrica de la situación social del país.