ACS deberá desvelar al juez detalles confidenciales sobre su 4,8% indirecto en Iberdrola
El titular del Juzgado Mercantil número uno de Madrid, Carlos Nieto, ha admitido un requerimiento de Iberdrola para que ACS aporte el coste y el precio de la renovación en febrero de 2009 de los 'equity swaps' a través de los que controla de forma indirecta un 4,8% de la eléctrica, lo que ayudará a saber si el grupo presidido por Florentino Pérez ha contabilizado correctamente en sus resultados un supuesto deterioro de valor que la eléctrica cifra en 301 millones.
Esta admisión se ha producido durante la vista previa a la celebración del juicio acerca de la impugnación de las cuentas de ACS por parte de Iberdrola, en la que el defensor de la constructora advirtió al juez de que, con esta maniobra, la eléctrica pretende acceder a "información confidencial" acerca del "tipo de interés y las condiciones" a través de los cuales se instrumenta esta participación, lo que supone una "circunstancia ajena" a los intereses de la demandante.
Por otro lado, el juez ha fijado a las 10.00 horas del 5 de abril de 2011 la fecha y hora de celebración del juicio en el que dirimirá si ACS, como argumenta Iberdrola, valoró de forma incorrecta sus activos en 2009 y anunció unas ganancias de 988 millones, en vez de unas pérdidas de 405 millones por el deterioro del valor de sus inversiones.
En el transcurso de la vista de hoy, las partes aportaron varios informes periciales y un total de doce nuevos hechos relevantes desde que, a mediados de julio, el juez rechazó las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola.
Además, los letrados confirmaron que en julio la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) requirió información a ACS y a Iberdrola sobre este litigio. El defensor de ACS explicó que la constructora respondió el 29 de julio proporcionando "hechos y datos relevantes sobre por qué sus inversiones no estaban deterioradas", y recordó al juez que el supervisor bursátil no puso "ninguna salvedad" ni "ha visto nada extraño" en sus cuentas, lo que "tiene relevancia" para el proceso.
Durante la vista, los letrados apelaron a Bancaja, Gamesa, Deloitte y al Barça para acusarse mutuamente de "incoherencia". Ante el argumento de ACS de que sus balances están avalados por Deloitte, el letrado de Iberdrola recordó que esta firma audita también al Barça y puso como ejemplo al club para cuestionar la infalibilidad de los auditores. El juez ha admitido, a petición de ACS, el testimonio de Javier Parada Pardo, el responsable de Deloitte que firmó las cuentas de la constructora.
Poco después, ACS ha acusado a Iberdrola de contabilizar su participación en Gamesa con los mismos métodos de los que le acusa la eléctrica. "Iberdrola explica cómo ha contabilizado su participación en Gamesa y cómo no es necesario aplicar una disminución de valor, y lo hace con las mismas razones utilizadas por ACS", señaló el letrado de la constructora.
Bancaja y "afán de control"
La cuestión de Bancaja ha vuelto a convertirse en uno de los principales puntos de fricción entre laas partes. La caja valenciana, accionista de Iberdrola e integrada en su consejo, contabiliza su participación en la eléctrica igual que lo hace ACS, esto es, sin reflejar su pérdida de valor, si bien el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán no ha denunciado esta práctica.
Iberdrola argumenta que Bancaja se guía por una circular específica del Banco de España para cajas en la que se define el deterioro como el producido durante 18 meses por un valor del 40% del activo, lo que no se ha producido en el caso de la eléctrica, mientras que ACS debe regirse por la regulación internacional, en la que se alude a un "deterioro significativo y prolongado", lo que sí se ha producido.
Para ACS, en esta cuestión se aprecia "una incoherencia manifiesta del demandante", ya que tanto "Iberdrola como sus accionistas significativos aplican los mismos criterios" que la constructora. "Tenemos un régimen general al que se remiten los expertos y en el que el criterio es un deterioro en 18 meses y por encima del 40%", aseveró.
Los letrados también se enzarzaron acerca de los "móviles" que llevan a Iberdrola a denunciar a ACS. Aparte de considerar esta motivación "jurídicamente irrelevante", Iberdrola dice que "ACS ha declarado públicamente su intención de controlar la empresa", mientras que el defensor de la constructora recuerda que esto no es así, ya que su grupo "en ningún momento ha dicho que quiera controlar" la eléctrica, sino que ha manifestado su deseo de alcanzar un 20% y tener representación en el consejo de administración.