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Según un estudio de Deloitte

Los altos directivos proponen más recortes de gasto público como remedio a la crisis

La mayor parte de los directivos financieros españoles, el 84%, se muestra pesimista ante la situación económica, según un estudio publicado ayer por la consultora Deloitte. Y en opinión de más de la mitad, España no saldrá del embrollo a menos que el Gobierno efectúe mayores recortes en lo que se refiere al gasto público.

Seis de cada diez (61%) de los 148 directivos financieros encuestados entre las principales empresas del país, consideran las medidas del Ejecutivo "muy poco efectivas". En su opinión, El Gobierno no se ha empleado a fondo con las tijeras: las medidas de austeridad deberían acompañarse de una poda más profunda en gastos operativos y corrientes.

Entre las iniciativas propuestas, los directivos destacan la necesidad de replantear el sistema autonómico y de la política de transferencias con el fin de evitar duplicidades. Es decir, una revisión del marco de competencias entre las administraciones públicas, autonómicas y locales.

A juicio de los directivos, se impone también una reducción y reagrupación tanto de algunos ministerios como de administraciones locales, y la reducción del número de funcionarios públicos. El estudio recoge además la proposición de algunos ejecutivos de privatizar determinadas empresas y servicios públicos, así como una aminoración del gasto de sanidad mediante la implantación del copago.

En lo que se refiere a la reciente reforma del mercado laboral, la mayor parte apuesta porque ésta tendrá un efecto positivo. Con todo, seis de cada diez altos directivos (56%) apunta la necesidad de ahondar en una mayor flexibilización. Y la eliminación de la negociación colectiva a nivel sectorial se postula como la principal propuesta.

Una opinión compartida por Samuel Bentolila, que presentó ayer un trabajo de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y realizado por una treintena de economistas. Un sistema "muy perjudicial" para el empleo y que el Gobierno modificará cuando los agentes sociales sean incapaces de llegar a un acuerdo, según el experto.

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