Control del gasto autonómico
Trece comunidades autónomas (todas excepto Cataluña y Baleares, que prorrogan Presupuestos, y Asturias y Murcia, que no han presentado todavía sus cuentas) gastarán en conjunto durante el próximo año casi 125.000 millones de euros, lo que supone una reducción del 6,5% respecto a 2010. La inversión es la partida que sufrirá el efecto más severo, en línea con los Presupuestos Generales del Estado, dibujando un alarmante panorama para el sector de la construcción, uno de los pilares de la actividad nacional.
El recorte del gasto autonómico, aunque considerable, es inferior al 7,9% afrontado por el Estado central, una diferencia que no debería ser tan abultada. Cierto que la desigualdad sería menor dejando fuera al País Vasco, cuya comparación entre 2010 y 2011 queda desvirtuada por la asunción de la transferencia de las políticas activas de empleo. Además, el modelo fiscal de esta comunidad permite mayores ingresos y, por tanto, sus partidas no sufrirán en la misma medida, algo similar a lo que sucede con Navarra.
Sin embargo, dejando al margen estas dos regiones, sorprende la disparidad en el esfuerzo entre las distintas Administraciones regionales. La diligencia demostrada por el Gobierno canario, que ha presentado un recorte del 12,5% en sus Presupuestos para el próximo año, contrasta con el 4,8% de Valencia o el 5% de Castilla-La Mancha. La gestión de la primera debería ser premiada y la de las otras dos, como poco, criticada.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, reconoció recientemente en el Foro CincoDías que el Gobierno central tiene prohibido por la Constitución establecer techos de gasto a las comunidades autónomas, aunque defendió la necesidad de que los propios Gobiernos regionales se autolimiten. Algo que evidentemente se ha interpretado de muy distinta forma. Si el Gobierno central es el responsable de defender las cuentas del conjunto del Estado español en Bruselas, y de asegurar que el déficit fiscal se reduzca en tiempo y forma, habrá de tener herramientas de control sobre el resto de Administraciones y, en este sentido, un techo al gasto ha demostrado ser eficiente. Probablemente, si esta obligación estuviese extendida a las comunidades, el ajuste habría sido igual en todas ellas.
Tiene sentido aprobar esta fórmula, u otra similar, de control presupuestario. El líder del primer partido de la oposición, Mariano Rajoy, fue el primero en proponer techos de gasto por ley para las comunidades autónomas. Si el PP está dispuesto, nada impide al PSOE sentarse a negociar límites a la potestad gestora de las comunidades, como ya existen para el Gobierno central. Después de todo, el color político poco tiene que ver con el exigible espíritu de austeridad a los gestores públicos.