Relaciones con los pacientes

Siete de cada diez médicos han sido amenazados en consulta

El exceso de burocracia y la idea de que la salud puede exigirse son problemas clave, según los expertos.

Siete de cada diez médicos han sido amenazados en consulta
Siete de cada diez médicos han sido amenazados en consulta

Pese a que la palabra agresión hace pensar automáticamente en la ejecución de un daño físico, existen también agresiones psíquicas. Un concepto que en los últimos años se ha hecho tristemente familiar para los médicos -especialmente para los que trabajan en atención primaria- en el día a día de sus relaciones con los pacientes. Siete de cada diez confiesa haber recibido alguna vez amenazas en su consulta, mientras únicamente un 3% afirma haber padecido agresiones físicas.

Las cifras, dadas a conocer ayer por el psiquiatra José Carlos Fuertes Rocañín, autor de una encuesta entre 2.843 médicos de toda España impulsada por Pfizer, sitúan el problema de las agresiones contra facultativos donde los testimonios de éstos revelan que está: en las amenazas, insultos, intimidaciones y coacciones, antes que en los ataques físicos.

¿Qué hay detrás de esa instantánea? Fuertes Rocañín no duda en hacer un diagnóstico valiente al aludir a dos grandes cuestiones: el exceso de tareas burocráticas y ajenas a la medicina que sobrecargan al médico y le impiden concentrarse en su objetivo natural -el enfermo- y la falsa idea por parte de los pacientes de que la salud es un derecho que se puede exigir.

El 40% de los encuestados cree que hay un abuso de la sanidad pública

"Los pacientes han cambiado. Del paciente paciente hemos pasado al usuario-cliente que se informa, exige, presiona. Y ahí se ha cometido una gran equivocación: el transmitir a la población la falsa idea de que existe un derecho a la salud. El derecho a la salud no lo tiene nadie, es imposible tenerlo, no lo tiene ni el médico. Lo único que se puede ofrecer es el derecho a la asistencia sanitaria, que es algo diferente", señaló.

En ese sentido, el estudio revela que cuatro de cada diez facultativos creen que existe un uso abusivo de la sanidad por parte de los pacientes. También es significativo que el nivel de insatisfacción y desbordamiento del médico -22%- casi duplique el de la población en general: 12%.

Ese cambio en la relación médico-paciente ha incrementado de forma exponencial el número de conflictos en las consultas, ha judicializado la labor del médico y le ha obligado a adoptar una postura defensiva. Según el informe, el 22,4% de los entrevistados reconoció estar inmerso actualmente en un problema legal y un 49% afirmó conocer a un colega que lo estaba.

Como explicó José Godino Izquierdo, presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Málaga, "la medicina en los últimos años se ha convertido en una profesión de riesgo relativo". Godino se refirió a su experiencia personal al señalar que "se ha producido un notorio incremento de las querellas y denuncias contra los médicos". De un total de 2.000 sentencias recopiladas por el magistrado, 1.800 se correspondían con la jurisdicción civil, 124 con la penal y 114 con la contencioso-administrativa. El 98% de los fallos condenatorios, explicó, lo son "por agresiones verbales, amenazas y coacciones" y sólo el 2% por físicas. Entre las opciones que se barajan para proteger a los facultativos, Godino recordó que hay comunidades autónomas que abogan por instalar timbres de alarma o pánico, poner dos puertas en las consultas o acudir a la videovigilancia.

Las presiones, en las bajas y los certificados

¿Cuál es el principal motivo que se esconde tras las amenazas y coacciones a los médicos? "La agresividad no se dispara por una mala praxis, sino por actos burocráticos: las altas y bajas médicas, los certificados de salud y defunción, etc.", señaló ayer el psiquiatra José Carlos Fuertes Rocañín. El facultativo puso como ejemplo las presiones de los pacientes que solicitan certificados médicos "inmediatos" que pretenden obtener sin dar tiempo al médico para realizar las pruebas necesarias o los casos de amenazas a facultativos en visitas a domicilio para firmar certificados de defunción "cuando el profesional puede no tener claro que esa muerte sea natural". Del estudio presentado ayer se desprende que el 76% de los médicos cree que en los conflictos, la Administración favorece al paciente.

¿Debe ser autoridad pública el facultativo?

Entre las propuestas que se plantean en el estudio presentado ayer destaca la posibilidad de que el médico adquiera la condición de autoridad pública. "Hay una sentencia del Supremo que reconoce esta petición. Ahora bien, lo que ocurre es que actualmente muchos colectivos reivindican lo mismo: los padres reclaman que se refuerce la autoridad paternal, los profesores quieren ser autoridad pública, incluso lo han reclamado los taxistas. Con todo esto corremos el riesgo de desvirtuar el concepto", apuntó el magistrado José Godino Izquierdo. En la Comunidad Madrid, donde los facultativos ya tienen esa condición fruto de un acuerdo con la fiscalía, en los dos últimos años se han dictado cinco penas de cárcel por agresiones, según informó ayer el departamento jurídico del colegio madrileño.

El 90% de los juicios, a favor del profesional

Los datos hechos públicos ayer por el Colegio de Médicos de Madrid revelan que el 90% de los juicios que se entablan contra facultativos terminan con una sentencia a favor de éstos, según las estimaciones del departamento jurídico de la organización. Desde el colegio se reclama una mayor concienciación por parte del colectivo médico para atajar esta situación, "ya que sólo tres de cada diez médicos formaliza una denuncia tras la agresión".

En palabras del Alberto López Rocha, vocal de Médicos Titulares y Rurales, "hay que dar un paso al frente y no quedarse impasible ante estas agresiones ni ser sumiso, porque hoy es tu compañero y mañana puedes ser tú". Según el colegio, el 75% de los médicos de la Comunidad de Madrid ha recibido insultos o amenazas en las consultas.

Las cifras

22% de los facultativos reconoce estar inmerso actualmente en un conflicto legal, que puede ser penal, civil o administrativo.

49% afirma conocer a algún colega que lo tiene.