Las reformas son responsabilidad del Gobierno
La permanente sensación de que estamos en el kilómetro cero de la agenda de reformas económicas comienza a generar desasosiego en los agentes económicos domésticos y en los mercados financieros, que ponen a disposición de la economía remedio a sus abultadas necesidades de financiación. Tras el cambio de actitud operado esta primavera en el Gobierno por la presión de los mercados, que destapó una reactivación de la iniciativa reformadora, y como consecuencia del impasse generado por la crisis de un Ejecutivo que gestiona con el pie cambiado desde hace meses y al que las encuestas condicionan el favor del electorado, la agenda de las reformas parece volver al punto de partida.
Además de admitir públicamente que incluso puede rectificarse en parte la reforma laboral en el trámite reglamentario, vuelve a establecerse un plazo cerrado, aunque dilatado, para las modificaciones de los convenios colectivos, o se agita de nuevo la ponencia de reforma de la Seguridad Social, cuyos trabajos deberían estar concluidos desde abril pasado. Pero además de estas materias de carácter laboral, en las que se espera un consenso previo entre sindicatos y patronal mil veces ensayado y otras tantas fracasado, se resucita de nuevo la opción de un pacto energético que está enterrado hace tiempo, mientras los empresarios recuerdan los nudos gordianos de la agenda reformadora nada más aparecer en escena el nuevo Ejecutivo: el ajuste de las cajas de ahorros o una reforma fiscal integral para favorecer la creación de empleo.
Esta confusión política general sobre qué grado de responsabilidad tiene cada cual en las reformas incluye efectos paralizantes evidentes sobre la actividad económica. La economía no está para grandes periodos de reflexión, pues ya han transcurrido tres largos años de crisis que han contraído la renta de los españoles, en los que se han destruido 2,2 millones de empleos y se ha oscurecido el horizonte de inversores y emprendedores. El Ejecutivo no puede limitarse a dar dilatados periodos de intercambio de impresiones entre los interlocutores sociales y los partidos políticos. Este tiempo lo hemos pasado en salvas inoportunas, y ha llegado el momento de acelerar el paso.
El nuevo Gobierno debe aprovechar la fortaleza de su renovación para poner en las mesas que corresponda sus planteamientos en cada una de las materias (pensiones, convenios colectivos, energía, justicia, fiscalidad, formación, etcétera), y tras un periodo de consulta razonable, debe poner negro sobre blanco cada una de las transformaciones normativas que exige la urgencia económica, así como vigilar su aplicación para restaurar el clima adecuado para los negocios, única vía de reconstrucción del crecimiento y del empleo. La situación no admite demoras indefinidas, pues estamos hace ya trimestres en tiempo de prórroga.
