El PP propone recortar 750 millones de gasto para actualizar las pensiones en 2011
El Ejecutivo va a encontrarse en el debate presupuestario con un hueso duro de roer: la mayoría de los grupos de la oposición rechazarán la congelación de las pensiones en 2011. El PP ha presentado esta mañana en el Congreso una propuesta para permitir su revalorización, a través de una reducción del gasto en 750 millones.
Para revalorizar estas prestaciones el 1% se necesitarían el año que viene 750 millones de euros. El PP ha hecho sus cálculos y esta mañana ha propuesto las partidas de donde sería posible recortar el gasto. 200 millones saldrían de la sección 31 del Presupuesto, destinada a imprevistos. Otros 200 millones procederían del Fondo de Ayuda al Desarrollo. Otra cantidad similar se obtendría reduciendo la financiación pública al ente público RTVE. El principal partido de la oposición defenderá también que se recorte en 7,2 millones el capítulo de financiación a partidos políticos y en 4,8 millones al correspondiente a gastos electorales.
El equipo económico del PP, formado por Cristóbal Montoro, Álvaro Nadal y Fátima Báñez, propone, asimismo, una reducción proporcional de cinco millones de euros en la partida destinada a los sindicatos y empresarios. Las ayudas al cine sufrirían un recorte de 33 millones, las subvenciones nominativas en el ámbito de la ciencia, de 50 millones, y la financiación a estudios técnicos medioambientales, de 25 millones.
El PP, ha dicho Cristóbal Montoro, espera coincidir con otros grupos políticos para impedir que el Gobierno congele las pensiones el año que viene. Es difícil que la oposición saque adelante estas enmiendas, pues el Gobierno siempre tendría en sus manos la posibilidad de vetar este debate, con el ruido político consiguiente.
En otras iniciativas presupuestarias, el PP propone también la aplicación del IVA super reducido al sector turístico y el establecimiento de la cuenta tributaria.
El principal partido de la oposición está a la espera de conocer la letra pequeña del acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno y el PNV para ver como está redactada la transferencia al País Vasco de las políticas activas de empleo y decidir, en su caso, un recurso al tribunal Constitucional.